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Defensoría y Fundación Pro Bono renuevan convenio que beneficia a inocentes injustamente acusados

01/03/2018

La alianza estratégica entre ambas entidades se prorrogará por dos años

Defensoría y Fundación Pro Bono renuevan convenio que beneficia a inocentes injustamente acusados

Hasta ahora, los bufetes jurídicos que integran esa organización han asumido gratuitamente la representación civil de cinco casos previamente incorporados al “Proyecto Inocentes”.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

Luego de dos años de exitosa vigencia, la Defensoría Penal Pública y la Fundación Pro Bono suscribieron hoy un convenio que extenderá por dos años más la alianza estratégica que mantienen desde enero de 2016 y que permite a abogados de esa organización asumir gratuitamente la representación legal de personas inocentes que fueron injustamente acusadas de cometer delitos.

Hasta ahora, los profesionales de la fundación han representado legalmente cinco casos, que han afectado a seis personas que previamente fueron incorporadas al “Proyecto Inocentes” de la Defensoría, luego de ser imputadas como autoras de diversos delitos, en razón de lo cual debieron pasar distintos períodos en prisión preventiva hasta que su inocencia pudo demostrarse o establecerse.

En detalle, tras una revisión conjunta de estos casos entre los coordinadores del “Proyecto Inocentes” y de Pro Bono, esa entidad se hizo cargo de “la interposición y tramitación de demandas y acciones civiles derivadas del hecho penal que determinó su inocencia”, como señala el convenio original, que estuvo vigente hasta el pasado 12 de enero y que ahora se renueva hasta 2020.

Se trata de un mecanismo que apunta a una reparación no sólo simbólica de estas víctimas del sistema de justicia y sus instituciones colaboradoras, en la medida que su declaración de inocencia es completamente insuficiente para atenuar la cantidad de perjuicios sufridos a propósito de estas injustas imputaciones.

Así y gracias a este acuerdo, algunas de estas personas afectadas pueden deducir las acciones civiles correspondientes, para obtener alguna reparación de parte del Estado luego de estas vulneraciones de derechos.

“PROYECTO MUY EXITOSO”
La prórroga de esta alianza estratégica entre la Defensoría y Pro Bono fue suscrita por el presidente de la Fundación Pro Bono, Ciro Colombara, y por el Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

El primero explicó que la extensión de esta alianza estratégica con el “Proyecto Inocentes” resulta “muy importante para Pro Bono, porque el proyecto ha sido muy exitoso. La evaluación de las personas que han sido atendidas es muy buena, lo mismo que para los estudios de abogados. De hecho, es un proyecto que pensamos replicar en otros países”, explicó.

Mahnke, en tanto, se mostró muy contento con esta renovación, porque “fortalece alianzas que para la Defensoría son estratégicas. Con Pro Bono compartimos visiones y puntos de vista, con la idea de seguir ayudando en el acceso a la justicia, particularmente a los grupos vulnerables. Donde no llega la Defensoría, hoy tenemos de la mano a Pro Bono, para una extensión mayor de esa garantía”, sostuvo.

ESTUDIANTES DE TILTIL
El primer caso tramitado según este convenio fue el de C.A.S.S. y F.P.O.O., dos estudiantes de un liceo de Tiltil que pasaron nueve días internados en un Centro de Internación Provisoria (CIP) del Sename tras ser acusados injustamente como autores del robo con intimidación que afectó a una joyería en el centro de Santiago.

De hecho, ambos escolares fueron incluso expuestos en televisión, ante todo el país, como los autores del atraco, que terminó con una espectacular persecución y tiroteo en las afueras del Servicio Médico Legal (SML), en Santiago.

Fue allí donde los policías los detuvieron, creyendo que eran parte de la banda que asaltó la farmacia, sin sospechar que ambos estudiantes habían salido pocos momentos antes del Hospital San José, donde uno de ellos recibía un tratamiento kinesiológico.

Pese a que el mismo día en el que se realizó el control de detención la defensa pública de ambos presentó antecedentes que acreditaban su inocencia, el juez de garantía los dejó en internación provisoria, pese a que no tenían antecedentes penales ni había indicios de su participación en el delito investigado.

Más aún, los jóvenes contaban con comprobantes de atención del hospital, declaración de la doctora tratante y autorización de su profesor jefe para ausentarse del colegio. Sin embargo, igual estuvieron presos durante nueve días, hasta que su defensa pública logró que el juez Jaime Fuica, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago los sobreseyera definitivamente por la causal del artículo 250 letra b del Código Procesal Penal, aplicable “cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”.

El caso de estos adolescentes fue asumido por el bufete Rivadeneira, Colombara y Zegers y la respectiva demanda civil ya se encuentra en trámite.

ROBO CON VIOLENCIA
Otro caso asumido por Pro Bono afectó al joven Bastián Campos y a un amigo, quienes fueron controlados por la policía en diciembre de 2015, luego de participar en una celebración en un local del barrio capitalino de Bellavista, contexto en que fueron detenidos y acusados como autores de un robo con violencia ocurrido pocas horas antes, durante esa misma noche.

Afortunadamente, un video captado providencialmente por una cámara situada en las cercanías del lugar de los hechos permitió a su defensor público demostrar que los autores del delito eran otros, tras lo cual el caso de Bastián y su amigo ingresó al “Proyecto Inocentes” y luego su representación fue asumida por el estudio jurídico Albagli Zaliasnik.

Otra injusta imputación afectó a Adrián Zarricueta, un colectivero de La Serena que fue acusado de robo con violación y quien, tras pasar 80 días en prisión preventiva, fue sobreseído por inocencia luego de que un examen de ADN demostrara que se trató de un reconocimiento erróneo. Esa causa civil está hoy en manos del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, que también es parte de Pro Bono.

SECUESTRO Y VIOLACIÓN
Un caso similar al anterior es el que vivió el también colectivero Marcelo Avilés, quien fue acusado de secuestrar y violar a una pasajera en Osorno. Este hombre fue identificado por la víctima en un reconocimiento fotográfico que según los jueces habría estado viciado, debido a que pudo establecerse fehacientemente que Avilés estaba en otro lugar cuando ocurrió el delito. A pesar de ello estuvo 45 días en prisión preventiva y un año en arresto domiciliario.

El último caso recogido por la fundación afectó a Brian Urrutia, un joven de 24 años que trabajaba como carnicero y que, en junio de 2015, fue erróneamente acusado de disparar cuatro veces contra un hombre en La Pintana. Luego de que su defensa lograra su sobreseimiento por inocencia, el caso también fue incorporado al proyecto de la Defensoría y hoy es representado civilmente por el estudio Aninat Schwencke.

En torno a estos cinco casos, Ciro Colombara aclaró que todos se encuentran en tramitación, “aunque los procesos civiles son lentos, larguísimos, pues pueden durar de cinco a ocho años. Afortunadamente, todas las causas están avanzando bien en sus primeras etapas”.

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