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Consejo de la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública inauguró su gestión 2026

29/04/2026

Primera sesión del año fue encabezada por la Defensora Nacional

Consejo de la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública inauguró su gestión 2026

El Consejo de la Sociedad Civil inició su trabajo bajo la presidencia del Cicab y con el desafío de apoyar el proyecto de autonomía institucional.

En las oficinas de la Defensoría Nacional se llevó a cabo la primera sesión de 2026 del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) de la Defensoría Penal Pública, la que fue encabezada por la Defensora Nacional, Verónica Encina, y en la que participaron Julio Cifuentes, en representación de la Fundación Proyecto B; Ignacio Cubillos, de la ONG LeaSur; Felipe Godoy, de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Forenses (Funcif); Paulina Müller, del Colegio de Peritos de Chile A.G.; Sofía Chackiel, de la Red Acción Carcelaria (RAC) –en forma remota- y Hugo Gutiérrez, del Centro de Innovación para las Contrataciones Abiertas (Cicab), institución que fue elegida para presidir el consejo este año.

UN DESEQUILIBRIO INSTITUCIONAL
Durante la sesión se presentó el proyecto de reforma constitucional que busca otorgar autonomía a la Defensoría Penal Pública, ingresado al Congreso en marzo de este año (Boletín N° 18.116-07). El hito, que coincide con la conmemoración de los 25 años de la Defensoría Penal Pública, que se celebrará el próximo 8 de mayo, con su cuenta pública participativa, busca igualar la independencia con la que cuentan el Ministerio Público y el Poder Juducual, mientras la Defensoría sigue vinculada administrativamente al Poder Ejecutivo.

Para la Defensora Nacional, esta dependencia genera un conflicto de intereses cada vez más evidente: "El Estado actúa hoy como persecutor y, al mismo tiempo, como defensor. Con la nueva Defensoría de las Víctimas también bajo el ala del Ministerio de Justicia, la incompatibilidad de roles se acentúa", explicó ante los consejeros.

El proyecto de reforma busca añadir un séptimo capítulo a la Constitución, para consagrar a la DPP como un órgano autónomo con patrimonio propio. No es sólo una cuestión de organigrama: se trata de la "igualdad de armas". La autonomía permitiría a la institución presentar su presupuesto directamente al Congreso y blindar la figura del Defensor o Defensora Nacional —que pasaría a tener un mandato de hasta ocho años— frente a los vaivenes políticos de turno.

NUMEROSOS PROYECTOS DE LEY
Pese a que existe un consenso transversal en el Senado y una recepción favorable del Gobierno, el proyecto enfrenta un obstáculo invisible: la oportunidad para ser analizado y votado. Sin embargo, se observa una prolífera agenda legislativa, dominada por la crisis de seguridad, en la que la labor de la Defensoría suele ser vista de forma "contraintuitiva" por la opinión pública.

"A menudo se nos ve como defensores de delincuentes y no como garantes de derechos fundamentales", admitieron desde la Unidad de Comunicaciones. Por ello, el rol de la sociedad civil —representada por entidades como la Fundación Proyecto B o la Red Acción Carcelaria— se vuelve muy importante.

La Defensoría no sólo busca autonomía legal, sino también una legitimación social que le permita explicar que un sistema de justicia sin una defensa fuerte es, en última instancia, un sistema injusto.

Ante preguntas de los consejeros sobre la viabilidad de la reforma, el equipo de la DPP fue claro: el proyecto ya está ingresado en el Senado, aunque aún espera ser destinado a una comisión. La estrategia financiera es cauta, para evitar el rechazo de la Comisión de Hacienda, por lo que se busca institucionalizar lo existente sin implicar, de entrada, un mayor gasto público.

CIFRAS DE LA GESTIÓN 2025
Mientras el discurso público se endurece respecto de los menores infractores de ley, los datos de la Defensoría señalan que causas que involucran a jóvenes han caído de forma sostenida hasta llegar a los 13 mil ingresos anuales, menos de la mitad de lo que se registraba en 2010. Para los consejeros, esta cifra representa un "abismo" entre la percepción ciudadana y la realidad estadística.

Esta y otras cifras fueron presentadas ante el Consejo, en el marco del balance de gestión 2025 que la Defensoría presentará la próxima semana.

Asimismo, la cobertura de defensa refiere a un acumulado histórico de 6,5 millones de causas —un tercio de la población nacional—, en cuyo último año cerró con 299 mil 617 nuevos ingresos. Destaca un aumento del 7 por ciento en la atención de mujeres y un peso creciente de la población extranjera imputada, que ya representa el 7,6 por ciento de las personas defendidas anualmente.

Uno de los puntos de mayor fricción analizados en el Consejo es la progresiva dilatación de los procesos penales. El 45 por ciento de las causas en Chile superan ya los seis meses de duración.

Al cierre de la sesión y tras agradecer el liderazgo técnico de la Red de Acción Carcelaria por su presidencia en el periodo anterior, el Consejo optó por el criterio de alternancia. El Centro de Innovación para las Contrataciones Abiertas (Cicab), representado por Hugo Gutiérrez, asumió la presidencia.

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