La Defensoría Penal Pública tiene por misión entregar defensa penal a todas las personas imputadas y condenadas en el marco del sistema procesal chileno, garantizando así el acceso a la justicia de todas y todos.

Las y los defensores penales públicos velan por los derechos de sus representados(a) para que se apliquen plenamente los principios del proceso penal, representado judicial y extrajudicialmente sus intereses -en todas las actuaciones y audiencias- hasta la completa ejecución de la sentencia; realizando visitas a la cárcel; solicitando las pericias que se requieran y atendiendo a sus familiares, entre otras diligencias.

La prestación de los servicios está a cargo de abogados(a) que forman parte de la institución y de abogados(a) privados(a), contratados a través de licitaciones. Ambos poseen la calidad de defensores penales públicos y deben cumplir los estándares de defensa establecidos.

La defensa penal será gratuita, excepto para quienes  cuenten con recursos económicos para costear –parcial o totalmente- los aranceles de defensa penal. En el caso de los adolescentes –mayores de 14 y menores de 18 años– no pagarán el servicio, cualquiera sea su situación económica y la de su familia.

La Defensoría Penal Pública fue creada en 2001, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.

La Defensoría funciona como un organismo descentralizado territorialme nte, conformado por la Defensoría Nacional -Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 5° y 8°, Santiago- y las Defensorías Regionales a lo largo del país.

Visión

"Ser una institución autónoma garante de los derechos de las personas usuarias en el sistema penal, reconocida como un servicio de excelencia, con alto compromiso social, brindando un trato digno, con apego al principio de integridad, valor público y participación en la generación de políticas públicas".

 Misión

“Somos un servicio fundamental que garantiza el acceso a la justicia entregando defensa penal de alta calidad, con perspectiva de género, resguardando la dignidad y los derechos humanos de las personas que representamos y con especial atención a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

 Objetivos Estratégicos:

• Mejorar continuamente la calidad de la defensa técnica de todas las personas representadas, resguardando sus derechos e intereses, con perspectiva de género; a través del cumplimiento de los estándares del proceso penal, los manuales de actuaciones mínimas, y el perfeccionamiento permanente de sus defensores.
• Mejorar la atención de las personas usuarias y la comunidad en general, mediante el fortalecimiento de los canales de atención y la entrega de información oportuna, con enfoque de género.
• Aumentar la cobertura especializada de prestación del servicio de defensa en todas las etapas del proceso penal, otorgando una respuesta con pertinencia cultural y perspectiva de género, acorde a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad: adolescentes, mujeres, LGBTQI+,  indígenas,  migrantes, privadas de libertad, y con problemas de salud mental.
• Aumentar el conocimiento del rol de la Defensoría Penal Pública y de los derechos de las personas imputadas y/o condenadas, a través de la realización de acciones de difusión, enfocada a las personas usuarias y a la comunidad en general, con énfasis en los valores de una justicia abierta y principios de igualdad de género.
• Mejorar continuamente la gestión institucional, mediante el desarrollo de las personas, con enfoque de género, la optimización e innovación de los procesos alineados a una política de sustentabilidad.