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Seis regiones inician vigencia de la ley de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos

03/06/2021

Autoridades judiciales inauguraron segunda etapa de esta normativa

Seis regiones inician vigencia de la ley de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos

El Defensor Nacional (S), Marco Montero, valoró la iniciativa e hizo un llamado a que esta normativa también pueda conciliarse con los resguardos y garantías de los demás actores intervinientes en el sistema: “Debe tener una mirada integral y no deben vulnerarse ciertos principios que también son fundamentales para nuestro estado de derecho y el debido proceso, como lo es la igualdad de armas”.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

Con el corte de cinta de las nuevas salas de entrevistas habilitadas en las seis regiones que se suman a esta iniciativa, hoy se dio inicio a la segunda etapa de puesta en vigencia de la Ley N° 21.057 de entrevistas videograbadas de niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos sexuales o graves.

Atacama, Coquimbo, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos se suman así a las seis regiones pioneras que, en octubre de 2019, dieron el puntapié inicial a esta normativa, que tiene por objetivo evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes afectados por delitos sexuales o violentos y reconocerlos como sujetos de derechos.

La ceremonia telemática de lanzamiento de esta nueva fase contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva; del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; del fiscal nacional, Jorge Abbott; del Defensor Nacional (S), Marco Montero; del prefecto inspector Juan Carlos Carrasco, de la Policía de Investigaciones (PDI), y de la generala de Carabineros Karina Soza, además de los representantes de cada una de estas entidades en las regiones que se sumaron al proceso.

Durante la inauguración, el Defensor Nacional (S) valoró la iniciativa y recordó que la Defensoría Penal Pública ha contribuido desde sus inicios en su tramitación. “Hemos participado activamente en las distintas instancias de capacitación, en las cuales se ha ido formando a quienes van a tener un rol relevante que asumir, ya con la implementación y puesta en marcha definitiva de esta ley”, señaló.

No obstante, Marco Montero hizo un llamado a que, además de la protección de los niños, niñas y adolescentes, esta normativa también pueda conciliar ese objetivo con los resguardos y garantías de los demás actores intervinientes en el sistema. “Debe tener una mirada integral y no deben vulnerarse ciertos principios que también son fundamentales para nuestro estado de derecho y el debido proceso, como lo es la igualdad de armas”, agregó.

RETRASOS
El ministro de Justicia y Derechos Humanos destacó que con la puesta en marcha de la Ley N° 21.057 se instala “un verdadero paradigma en la forma de tratar a niños, niñas y adolescentes en el proceso penal” y agregó que se trata de una iniciativa que “ayuda a establecer la verdad y que los autores de esta violencia puedan ser debidamente sancionados”.

Tanto el secretario de Estado como el presidente de la Corte Suprema destacaron los esfuerzos que han realizado las instituciones de justicia penal para cumplir con los plazos iniciales de activación de la normativa a nivel nacional y lamentaron los retrasos que ha sufrido la puesta en marcha de esta ley debido a la pandemia de Covid-19.

“Esta tarea ha demandado un enorme esfuerzo de las instituciones presentes, el que se ha incrementado dadas las dificultades adicionales impuestas por la situación sanitaria que enfrentamos y los frecuentes estados de emergencia vigentes en el país… y que ha obligado a un replanteamiento de la planificación”, explicó el presidente de la Corte Suprema.

A partir de ahora, en las seis nuevas regiones se contará con 83 salas de entrevistas y 85 personas capacitadas para entrevistar a los menores, además de 17 jueces con las competencias para revisar estos casos.

La tercera y última etapa de vigencia de la ley está prevista para fines de este año o inicios de 2022 e incluirá a las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana.

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