La Defensoría Penal Pública participa, junto al Poder Judicial, en el compromiso “Justicia abierta para un Estado abierto”, incorporado en el VI Plan de Acción de Estado Abierto del Estado de Chile, con ejecución entre 2024 y 2027.

Esta iniciativa busca acercar la justicia a las personas y comunidades, especialmente en el ámbito local, mediante acciones orientadas a explicar de manera clara cómo funciona el sistema de justicia, cuáles son sus principales actores y qué rol cumple cada institución en la protección de derechos.

El compromiso se enmarca en los principios de transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas, innovación y uso de tecnología, promovidos por el enfoque de Estado Abierto. Asimismo, se vincula con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, referido a paz, justicia e instituciones sólidas.

Para la Defensoría Penal Pública, este compromiso tiene especial relevancia porque permite fortalecer el conocimiento ciudadano sobre el sistema penal, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defensa. También busca contribuir a una mejor comprensión pública del rol institucional de la Defensoría y a la valoración de una defensa técnica, independiente y oportuna como garantía esencial del Estado de Derecho.

Entre sus principales líneas de trabajo se consideran acciones de educación legal, difusión territorial, lenguaje claro, participación ciudadana y coordinación interinstitucional, con foco en comunas, municipios, comunidades educativas y otros espacios de encuentro con la ciudadanía.

A través de este compromiso, la Defensoría Penal Pública busca aportar a una justicia más comprensible, cercana y centrada en las personas, fortaleciendo la confianza pública y el acceso efectivo a la justicia.