Sala de Prensa

15/02/2024

En el Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz Barak"

Defensores locales jefes de Santiago y Lo Prado visitaron a imputados en internación provisional

Víctor Providel y Alejandra Lobos, ambos dependientes de la Defensoría Regional Metropolitana Norte (DRMN), visitaron el viernes pasado el centro de salud psiquiátrica, donde entrevistaron a diez imputados que se encuentran con internación provisional, a la espera de que se revisen sus respectivas causas.

Por Martín Salgado Riquelme,
periodista Defensoría Regional Metropolitana Norte.

Con el objetivo de abordar las complejidades de personas que enfrentan patologías mentales y se encuentran privadas de libertad en ese recinto médico, además de dialogar con los internos y revisar el estado de sus causas, los defensores locales jefes de Santiago, Víctor Providel, y Lo Prado, Alejandra Lobos, junto a la defensora pública Sofía Guzmán, llegaron recientemente hasta el Instituto Psiquiátrico "Dr. José Horwitz Barak" para conocer las condiciones de los internos.

La visita permitió a los profesionales interactuar directamente con sus representados, para comprender mejor sus experiencias y recopilar información crucial sobre su estado de salud y situación general.

"Nosotros vamos a visitar a nuestros imputados enajenados mentales en el hospital "Horwitz" o en el hospital de Putaendo cada 15 días, periodo máximo establecido en nuestros reglamentos para informar sobre el estado de las causas y conocer el estado de la privación de libertad”, explica Víctor Providel.

VISITAS PERIÓDICAS
Según el defensor local jefe, la visita es útil porque “entregamos información a los imputados y a los médicos tratantes sobre el estado de la investigación. A su vez, podemos conocer los avances o retrocesos que han tenido respecto del tratamiento que se les aplica”.

Durante la jornada se realizaron reuniones informativas y entrevistas con el personal del hospital, con el objetivo de obtener una visión más completa de las condiciones de los internos. También se solicitaron informes sobre la salud mental de los pacientes, fundamentales para ser presentados en las próximas audiencias.

Estas visitas y diálogos periódicos forman parte del proceso de mejora y colaboración mutua entre la defensa penal pública y el centro médico, dadas las restricciones que existen al interior del recinto, por tratarse de grupos vulnerables.

REUNIÓN EXTRAORDINARIA
La Defensoría Metropolitana Norte (DRMN) tiene un gran compromiso con las personas imputadas que sufren enajenación mental y que cumplen su tratamiento en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, existen casos en los que, debido a la poca capacidad de los sanatorios, algunos pacientes han tenido que esperar su juicio en cárceles convencionales, las que no cumplen los estándares mínimos y terminan por ponerlos en situaciones de riesgo.

En este contexto, la jefa de Estudios (S) de la  DRMN, Andrea Quinteros Saldias, convocó a una reunión extraordinaria a los defensores locales jefes y defensores penales públicos especializados en el art. 458 -procedimiento especial para personas con enajenación mental-, la que se enfocó en la situación y las necesidades de las personas con diagnóstico psiquiátrico  que se encuentran privadas de libertad en las cárceles de la jurisdicción.

MÁXIMA VULNERABILIDAD
"En esa reunión, el primer punto fue dar a conocer la situación actual de las personas que cuentan con patologías mentales decretadas. Es decir, aquellas que poseen un certificado, respaldado por un diagnóstico, que las considera inimputables frente a la ley y que se encuentran privadas de libertad en un centro penitenciario", especificó.

Según la abogada, la situación de las personas con problemas de salud mental en los recintos penitenciarios es “critica” y de “máxima vulnerabilidad”. Debido a esto, explicó que se instruyó que todas y todos los defensores públicos que tengan un “caso complejo” deben realizar un oficio y acudir a los juzgados de garantía para requerir la revisión de le medida cautelar de sus representados o representadas, apelando a la carencia -ya expresada por Gendarmería- de herramientas y recursos para mantener a estas personas imputadas en un penal tradicional.

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