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29/05/2026
Mario Quezada expuso sobre el delito de tortura y el mal uso de la fuerza
Jefe de Estudios de la Defensoría de O'Higgins capacitó a funcionarios de Gendarmería
En su exposición, el abogado puso énfasis en que, si cumplan los protocolos establecidos por la ley, las y los gendarmes que usen la fuerza no debieran ser sujetos de imputaciones legales.
Por Andrea Contreras Márquez,
Defensoría Regional de O'Higgins.
La Resolución Exenta N° 5574, de Gendarmería de Chile, es el marco normativo institucional que regula el uso de la fuerza en el ámbito penitenciario, estableciendo los protocolos, principios y límites para el actuar del personal de seguridad ante una situación de disturbios o agresiones al interior de un recinto penal.
Esa normativa regula de forma específica el uso de armas -desde las menos letales a las de fuego-, la prohibición de la tortura y la aplicación práctica de protocolos para reducir riesgos y proteger la vida tanto de las personas privadas de libertad como de las y los funcionarios, para garantizar el respeto de los derechos humanos.
Precisamente los detalles de esta resolución, vigente desde abril de 2025, fueron expuestos en un seminario organizado por la dirección regional de Gendarmería, al que fue invitado como expositor el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de O’Higgins, Mario Quezada.
El abogado se refirió a los delitos y las condenas que arriesgan las y los integrantes de Gendarmería –por su calidad de funcionarios públicos y garantes de la seguridad de las personas bajo su custodia– ante el uso de la fuerza o la tortura contra internas o internos.
TORTURAS Y APREMIOS ILEGÍTIMOS
La ponencia comenzó explicando el marco legal nacional e internacional en estos temas, para luego fijar su atención en el Código Penal y revisar los delitos por los cuales un gendarme puede ser perseguido penalmente al resguardar el orden de un recinto penitenciario.
En ese contexto, Quezada puso énfasis en los conceptos de tortura y apremios ilegítimos, profundizando en su definición y en los requisitos procesales para que se configure el delito.
El directivo expuso, además, sobre la Ley N° 21.560, más conocida como ley 'Naín-Retamal', y analizó jurisprudencia nacional y regional sobre causas en las que se vieron involucrados funcionarios de las policías y de Gendarmería.
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