Sala de Prensa

27/01/2023

Columna de opinión publicada por el diario La Segunda.

¿Hasta cuándo deben esperar?

“Las presas no son ‘otras´ que no tienen derechos. Son mujeres como todas”.

Defensor Nacional, Carlos Mora Jano.

Defensor Nacional, Carlos Mora Jano.

Carlos Mora Jano

 Defensor Nacional

Hace un año murieron Marisol y Milena, en recintos carcelarios. Para evitar que esto se repitiera, la Defensoría solicitó judicialmente que a las demás mujeres recluidas en los centros penitenciarios femeninos de Santiago les fuera respetado su derecho al acceso a la salud, y la Corte Suprema ordenó a Gendarmería a “disponer de los mecanismos necesarios para la presencia de un médico de atención permanente en la unidad penal”, lo que evitaría nuevas tragedias.

Sin embargo, nos enteramos que el día de Navidad una mujer parió a su guagua en los pasillos de la Cárcel de San Miguel. ¿Cómo puede ocurrir esto sin incumplir con la expresa orden de la Corte Suprema? El derecho de las privadas de libertad embarazadas a tener una experiencia positiva del nacimiento y con los mismos estándares de quienes están en libertad está garantizado en las instrucciones de Gendarmería dictadas en 2021 y en el Reglamento de la llamada “Ley Mila”.

No se trata de un hecho aislado; hace unos años nos indignamos cuando supimos que una mujer mapuche privada de libertad dio a luz engrillada, y se dictaron instrucciones prohibiéndolo, pero hemos seguido conociendo casos en que se reiteran estas conductas. Por ello se presentaron recursos de amparo para que se ordenara que los traslados de mujeres en proceso de parto o puerperio, o con patologías graves de salud física o mental, no se efectuaran con grilletes o mecanismos similares, porque implican “una discriminación en su condición de mujer, desconocer su vulnerabilidad y necesidades de protección, y el derecho a vivir una vida libre de violencia”.

Podríamos seguir relatando casos, por ejemplo, de a presas a las que se les ha prohibido amamantar sin razón, o a las que no les realizan los controles ginecobstétricos de manera regular. Esto no puede volver a ocurrir. Si como Estado somos responsables de eliminar la violencia de género contra la mujer, en materia penitenciaria falta mucho por avanzar. No solo en materia legislativa, sino también en políticas públicas inclusivas y en un trabajo con la comunidad que implique entender que, si queremos un país en que se cometan menos delitos, tenemos que empezar con entregar herramientas reales de reinserción, sin exclusiones y respetando los derechos de las personas. Las privadas de libertad merecen respeto, igualdad y protección.

Las presas no son “otras” que no tienen derechos. Son mujeres como todas, y en la Defensoría Penal Pública trabajamos para darles la vida digna y sin violencia que todas las mujeres de Chile merecen, sin exclusión alguna.

  • subir
  • imprimir
  • volver