Sala de Prensa

08/03/2023

Defensa penal de mujeres migrantes

Columna de opinión del Defensor Nacional Carlos Mora Jano, publicada en el diario El Mercurio de Antofagasta.

Defensor Nacional Carlos Mora Jano.

Defensor Nacional Carlos Mora Jano.

Visibilizar las diferencias de género en la aplicación de la ley es un deber de todos los que trabajamos en el sistema de justicia. Además, aprender que ciertas características, como la nacionalidad o la condición migratoria, pueden generar mayores discriminaciones hacia una mujer y hacerlas sufrir los efectos de manera más intensa, no puede ser ignorado.

El número de mujeres migrantes perseguidas por el sistema penal es más bien bajo. De un total de casi 269 mil ingresos de mujeres en el año 2022, sólo 2 mil 909 correspondieron a mujeres extranjeras, esto es, cerca del 1% de las causas, siendo las lesiones (946) y los delitos de drogas (652) los principales delitos imputados. De ellas, 559 estuvieron en prisión preventiva, es decir un 19%, lo que representa casi el quíntuple de la tasa de encarcelamiento del resto de las mujeres (4,5%). Cifra que alarma, por cierto, sin dejar de mencionar los efectos de la privación de libertad para ellas por cuanto son mucho más intensos, al afectar a sus hijos e hijas, que quedan sin el soporte de cuidados y afecto que necesitan, al no contar con redes que las acompañen.

A principios de este año, la Defensoría Penal Pública logró la absolución de dos mujeres haitianas imputadas del parricidio de sus parejas, y ambas estuvieron bajo la medida cautelares de privación de libertad durante todo el proceso en su contra. Si bien sus historias son distintas -una fue absuelta por concurrir la legítima defensa, en la que el tribunal consideró la gravedad de la violencia de género histórica por parte de su pareja, y la otra absuelta por falta de participación- ambas tienen un elemento común como lo tienen muchas historias similares de mujeres privadas de libertad: perdieron el contacto con sus hijos e hijas, y sus soportes económicos, y nadie se hizo cargo.

Por ello, como Defensoría Penal Pública, levantamos la voz por estas mujeres, no queremos que estas discriminaciones y violencias se perpetúen y normalicen en nuestro sistema. Los derechos deben ser de todas, no sólo de algunas.

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