Sala de Prensa

08/01/2013

Columna de opinión:

Populismo penal

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, fue publicado hoy martes en el diario El Centro de Talca.

JoséLuis Craig Meneses, Defensor Regional del Maule.

JoséLuis Craig Meneses, Defensor Regional del Maule.

Citando el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) correspondiente al año recién pasado, nos encontramos con una alarmante cifra: entre 2011 y octubre de 2012 se presentaron en el Congreso Nacional la friolera de 85 proyectos de ley que buscaban aumentar las penas a delitos, incorporar nuevas agravantes de responsabilidad o tipificar nuevos delitos en el ámbito de la seguridad ciudadana.

Algunos de estos proyectos tienden a ser una respuesta a los conflictos sociales que se han multiplicado en el país, como son el tema mapuche, las manifestaciones de Aysén, Calama y Freirina, las tomas, paros y marchas por un cambio en la educación y otros temas localizados que fueron objeto de protestas, tomas, cortes de tránsito y un largo etcétera, temas todos que han cobrado una inusitada cotidianeidad en los últimos años.

Algunos dirán que tales proyectos forman parte de una “política criminal”, pero la verdad es que se alejan del principal propósito que ella debe perseguir en cualquier Estado democrático, cual es la resocialización de la persona infractora, ya que ellos tienden a reproducir una lógica que produce sólo dos caminos de solución ante un delito. Uno es la libertad y el otro la cárcel, lo cual explica -en gran medida- el hacinamiento carcelario chileno, del que tanto nos quejamos, pero que con estas medidas y cambios legislativos a la vez promovemos y eternizamos.

Una verdadera política criminal -lejos de este populismo penal que estamos viviendo y sufriendo- es aquella que es respetuosa de los derechos que emanan del debido proceso, que impone un uso racional del poder punitivo estatal y de la herramienta penal, con sistemas de control social para su correcto seguimiento, imponiendo límites claros a la autoridad para evitar su uso arbitrario y, por sobre todo, que debe contemplar esfuerzos reales de reinserción social, no cárcel pura y dura para aquellos que han delinquido.

Otra vez todos estos razonamientos nos llevan a una conclusión que, no por repetida deja de ser necesaria ni pierde vigencia: la dictación de un nuevo Código Penal, que venga a modernizar y trasparentar los bienes jurídicos dignos de protección a partir del siglo XXI, en un país en vías de desarrollo y que se jacta de estar en plena profundización de la democracia, con características más participativas e inclusivas, que busca derrotar la pobreza muy prontamente, así como también el horror del hacinamiento carcelario que impone un nivel de vida infrahumano a miles de chilenos.

Ya van varios años en que distintos miembros de la Defensoría Penal Pública venimos pidiendo esta ley, pero a cambio -y mientras esperamos este trascendental paso- ojala no recibamos otras 85 iniciativas legales durante 2013, que no apunten en el sentido correcto.

Por José Luis Craig Meneses,
Defensor Regional de Maule.

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