Sala de Prensa

13/05/2020

Defensoría Regional de Aysén asegura la continuidad de una defensa de calidad

Más de cien gestiones de defensa de adolescentes ha desarrollado la Defensoría Penal Pública en Aysén

Desde el 18 de marzo a la fecha, la Defensoría Penal Pública en la Región de Aysén ha representado a ocho adolescentes que fueron formalizados por diversas faltas y delitos. Ocho más permanecen internos en el Centro de Internación en Régimen Cerrado de Coyhaique, dependiente de Sename.

Por Valeska Olavarría G.,
Defensoría Regional de Aysén.

La crisis sanitaria que enfrentamos a nivel mundial, impone una serie de desafíos para la administración de justicia y la atención de personas, es así que la Defensoría Regional de Aysén ha adecuado sus procedimientos y protocolos, redoblando su compromiso con sus usuarios y usuarias, en especial con aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables, como son los adolescentes.

Es en este escenario que la unidad de defensa juvenil continúa realizando la atención de adolescentes imputados de faltas, delitos o crímenes, y de sus familias.

Destacando la importancia de contar con una defensa de calidad que asegure el respeto de los derechos y garantías de las personas, Israel Villavicencio, defensor juvenil en Aysén, comentó que “es necesario entender que cualquier persona, en particular cualquier adolescente, puede verse involucrado en una situación que podría configurar un delito. No hace falta que sean “delincuentes”, sino que hay muchos casos en que las situaciones y las reacciones de las personas pueden influir en la comisión de un delito y, aún más, si se trata de adolescentes porque sus reacciones son muy emocionales y muchas veces sujetas a la valoración del grupo”, comentó.

ATENCIÓN A ADOLESCENTES
Entre el 18 de marzo y hoy, la unidad de defensa juvenil de la Defensoría Regional de Aysén representó a ochos adolescentes que fueron formalizados por su presunta participación en faltas o delitos.

Los delitos por los que se los formalizó fueron violación de morada, daños simples, infracciones al toque de queda y contra la salud pública (artículo 318 del Código Penal), lesiones menos graves, robo en lugar no habitado y robo con intimidación. Ninguno de ellos quedó en internación provisoria, sino que el juzgado correspondiente les aplicó otras medidas cautelares, precisamente para asegurar el éxito de la investigación y evitar nuevas faltas o delitos.

Según explicó el abogado, durante el contexto de la pandemia no se observa en la región una variación significativa del porcentaje de adolescentes formalizados o de las faltas o delitos por los que se los investiga, que por cierto, en nuestra región normalemente son bajas. “Lamentablemente, tampoco hay una variación del factor común en los adolescentes que han sido formalizados, y que es estar bajo la influencia del alcohol u otras sustancias psicotrópicas al momento de ser detenidos” destacó el defensor juvenil.

Por otra parte, hay otros ocho adolescentes que permanecen cumpliendo sanciones en un centro de régimen cerrado, dependiente de Sename ubicado en las afueras de Coyhaique, único de este tipo en la región.

Por motivos de seguridad sanitaria frente al COVID-19, los adolescentes internos no reciben visitas presenciales de familiares y cercanos, pero sí se implementó un sistema de videoconferencia para evitar un mayor deterioro de vínculos afectivos. a su vez, el defensor juvenil se entrevista con ellos cada 15 días, aproximadamente, para comprobar su estado de salud, velar por sus derechos como sancionados a régimen cerrado, y saber si tienen requerimientos relacionados con su situación procesal penal. 

EDUCACIÓN Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD
Uno de los temas que preocupa a la Defensoría Regional de Aysén es la continuación de la formación educativa de estos adolescentes. Ello porque si bien se realizaron gestiones con el Centro de Educación Integrada (CEIA), dependiente de la Municipalidad de Coyhaique, una modalidad de educación por video conferencia u otra alternativa mejor que la sola realización de guías ello no ha podido concretarse por problemas del CEIA. “Actualmente solo tienen guías para desarrollar individualmente y talleres internos del centro -comentó Villavicencio- lo que no resulta adecuado para los adolescentes privados de libertad y los fines perseguidos por la Ley”.

Según explicó Villavicencio, los jóvenes que representa la Defensoría Penal Pública son, en su mayoría, adolescentes que no tienen mayores vínculos con el sistema educativo formal y esta paralización puede provocar un mayor desarraigo, además de incrementar los tiempos de ocio y las consecuencias de ello.

Por otra parte, el defensor juvenil aclaró que “la mayoría de los adolescentes privados de libertad presentan retraso educativo, y es más, cometieron el delito por el que se los sanciona precisamente cuando no estaban asistiendo al colegio de manera regular”.

En este sentido, Villavicencio dijo que la educación es un factor de protección de los jóvenes y está comprobado que disminuye los niveles de reincidencia, por lo tanto, que un joven en estas circunstancias no reciba educación, no tiene las mismas consecuencias que si otro joven socialmente adaptado y con vínculos familiares, no la recibiera.

“Entendemos que la emergencia sanitaria que vivimos ha impactado el funcionamiento de las instituciones, pero nos preocupa la situación de los adolescentes del Centro Cerrado de Coyhaique, porque no se está cumpliendo con uno de los pilares del proceso de resocialización y reinserción, que es la educación y ello se manifiesta en al menos dos aspectos: por una parte, el aporte de fondo que entrega este pilar y que es disminuir la reincidencia; y por otra entregar herramientas necesarias para que los jóvenes se desarrollen sin desventajas cuando vuelvan a ejercer sus derechos viviendo en libertad, esto es, fortalecer la autonomía progresiva”, concluyó.

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