Sala de Prensa

25/09/2008

Eduardo Morales: Defensor Regional de Valparaíso expuso en foro-panel sobre la Reforma Procesal Penal

La actividad fue organizada por la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

En el foro-panel “Reforma Procesal Penal, cinco años de vigencia en la Región de Valparaíso: virtudes, dificultades y desafíos”, participó el Defensor Regional de Valparaíso, Eduardo Morales.

En el encuentro que se realizó en la Sala Emilio Tagle, en la casa central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también intervinieron el Diputado Francisco Chahuan; el Fiscal Regional, Jorge Abbott y el Seremi de Justicia, Alfredo Nebreda.  Actuó como moderador el profesor Guillermo Oliver.

En su presentación, el Defensor Regional sostuvo que la Reforma Procesal Penal es la política más exitosa impulsada por el sector justicia. Afirmó que los principios del procedimiento contradictorio han orientado a todas las reformas posteriores  y que se puede sostener con tranquilidad que en Chile rigen los principios del debido proceso.

Agregó que la reforma se ha consolidado pese a que en los últimos años se ha producido a un cambio de la percepción de la política criminal que supone, entre muchos aspectos, la existencia de altas tasas de miedo al delito, el resurgimiento de la función castigadora de la pena privativa de libertad y el recorte de garantías procesal-penales.

Destacó que la Reforma Procesal Penal generó una nueva organización y modelo de gestión en la administración de justicia y un nuevo estilo de relaciones interinstitucionales entre los actores.

Entre los múltiples logros del último quinquenio, destacó la celeridad y transparencia que permite el nuevo sistema, la reactivación de la academia en materia penal y procesal penal a nivel regional, la inédita y positiva experiencia de la defensa licitada en  la región  y la colaboración entre los actores de la Reforma Procesal Penal.

En cuanto a las necesidades de perfeccionamiento, sostuvo que “es imprescindible reforzar nuestros instrumentos de control y fomento de la calidad de la prestación, contrarrestar los estímulos negativos en los sistemas de remuneraciones y cultivar una mística nueva, adecuada a la etapa de consolidación”.

También sostuvo que la autonomía de la Defensoría Penal Pública respecto de los poderes políticos es una necesidad que se agudiza con el referido cambio experimentado en la política criminal y constituye una aspiración vigente para la institución.

Agregó que del Poder Judicial se espera un mayor compromiso con la administración eficiente de los recursos que la sociedad puede asignar al  sistema de justicia en su conjunto  y se refirió especialmente al pronunciamiento de las resoluciones en audiencias: “Es fundamental que las personas, los justiciables,  entiendan claramente qué decisión tomó el juez y sus fundamentos. Esto prestigia a la justicia y lo contrario la desacredita”.

En su intervención, Eduardo Morales también formuló criticas al Ministerio Público: dijo que desde el punto de vista del principio de objetividad “resulta incomprensible que nunca se haya acogido por la Fiscalía Regional, en estos ya largos cinco años, una reclamación de la defensa por la negativa a la solicitud de diligencias de investigación” y cuestionó la política que impone el desuso de la facultad del Fiscal de poner fin a la detención de las personas aprehendidas por flagrancia, en caso que su prolongación no resulte indispensable.

El defensor regional también se refirió a las carencias que afectan a las personas que padecen  de enfermedades mentales y que entran en conflicto con la justicia; criticó la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, refiriéndose especialmente a la situación “dramática y escandalosa” de los recintos de detención de adolescentes  y cuestionó duramente la farandulización de la justicia que se observa en programas que difunden procedimientos policiales en los que se infringen derechos básicos de las personas,  comenzando por la presunción de inocencia”.

La intervención concluyó enumerando nuevamente los principales logros de la aplicación de la reforma procesal penal en Valparaíso: 1.- Rige el principio acusatorio  (No hay juicio sin acusación y sin acusador que la sostenga), 2.- El Juez se halla en situación de imparcialidad, 3.- El imputado dejó de ser considerada un “objeto” de la persecución penal; 4.- Existe un pleno reconocimiento de garantías básicas del debido proceso.

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