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29/10/2021

Consejo de la Sociedad Civil respaldó propuesta que Defensoría presentará ante la Convención Constitucional por una defensa penal especializada y autónoma

‘Consideramos que la Convención Constitucional tiene la potestad de consagrar constitucionalmente los derechos y garantías de las personas que atendemos’ señaló el Defensor Nacional (S) Marco Montero en la 4ta sesión 2021 del COSOC.

Los representantes de las fundaciones Hogar de Cristo, Paz Ciudadana, ProBono y de las organizaciones Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur), LeaSur y el Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile valoraron los contenidos del documento presentado por la institución en la cuarta sesión del Consejo de la Sociedad Civil de la Defensoría Penal Pública.

El presidente del consejo y director social nacional de Fundaciones Hogar de Cristo, Paulo Egenau, explicó que “este un anhelo histórico, muy importante. Todos vamos a apoyar la iniciativa. En la tarea de visibilizar los derechos de las personas vulnerables y marginadas estamos muchas instituciones y este es un momento social histórico para dar forma a un nuevo país”.

Esta disposición fue reafirmada por los distintos consejeros: Ana María Morales (Paz Ciudadana), Fabiola Cabezas (ProBono), Pablo Ortega (CidSur), Diego Chaparro (LeaSur) y Consuelo Acuña (Centro de Alumnos de Derecho de la Universidad de Chile).

 

APOYO TRANSVERSAL

Los representantes de la sociedad civil dijeron reconocer en el despliegue de la Defensoría objetivos comunes a sus tareas, desde el ejercicio de la defensa -como CidSur y ProBono-, desde la visión analítica y sistémica de la seguridad pública de la Fundación Paz Ciudadana, desde las campañas y esfuerzos organizados por visibilizar los derechos de las personas vulnerables de LeaSur y desde el trabajo teórico y práctico de los estudiantes de derecho de la Universidad de Chile.

“Nosotros vemos cómo están trabajando los defensores. Lo hacen de una manera integral. No se remiten al trabajo en audiencias, también se reúnen con sus representados, con sus familias. Ellos pueden llamar o ingresar a la página y agendar una entrevista. Vemos que están entregando un verdadero ‘acceso’ a la justicia”, destacó Fabiola Cabezas.

Pablo Ortega señaló que “desde la vereda de la defensa, valoramos profundamente la labor de la Defensoría y, por lo mismo, nos comprometemos a prestar nuestro apoyo a esta iniciativa. Es imprescindible que la Defensoría tenga el carácter de autónoma en la nueva Constitución”.

 

CUARTA SESIÓN ANUAL

Durante la reunión y junto con dar la bienvenida a los nuevos representantes de LeaSur y del centro de alumnos, el Defensor Nacional (s), Marco Montero, explicó que la iniciativa se construyó de manera transversal y participativa entre los defensores regionales, directivos y las asociaciones de funcionarios.

Agregó que el documento responde a tres interrogantes que marcaron la brújula del trabajo desarrollado: ¿Debemos participar en el proceso de la convención constituyente? De ser así, ¿por qué? y ¿para qué?

“¿Por qué elegimos estar? ¿Por qué, de manera transversal, tomamos esta decisión? Porque consideramos que la Convención Constitucional tiene la potestad de consagrar constitucionalmente los derechos y garantías de las personas que atendemos diariamente. Tenemos la convicción de que, a través de una defensa penal pública autónoma y especializada el país puede responder efectivamente al desafío de construir una justicia abierta y democrática”, sostuvo Montero al concluir su exposición.

“Esta metodología de trabajo abierta y participativa no sólo es lo que busca la Convención, también es una nueva mirada que nos está exigiendo la ciudadanía”, acotó Ana María Morales.

 

LA PROPUESTA

La propuesta institucional tiene por objeto que en la nueva Carta Fundamental se considere un sistema penal equilibrado, basado en la existencia funcional y práctica de los derechos de quienes enfrentan un proceso penal, garantizando -entre otros- los principios de inocencia, derecho a una defensa penal pública, especializada y autónoma y al debido proceso:

Principio de inocencia: todas y todos tenemos derecho a ser presumidos inocentes hasta que una sentencia judicial a firme diga lo contrario.

Derecho a defensa penal pública, especializada y autónoma: consagrar que este derecho surge desde que la persona tiene la condición de imputada, lo que incluye eventuales interrogatorios, como lo ha consagrado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Debido proceso: apunta a la suma de principios y garantías procesales mínimas que protegen a las personas (respecto del Estado, entre otros) y que aseguran un resultado justo y equitativo al proceso, aportando así a la legitimidad del sistema de justicia.

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