Sala de Prensa

11/01/2022

Entrevista de El Mercurio a defensor Nicolás Orellana

Preocupan los imputados con problemas de salud mental en listas de espera y que permanecen en cárceles

Existe demora para la realización de pericias psiquiátricas —que exige el proceso penal para verificar la condición de las personas— y faltan cupos para la internación en centros especializados.

El Mercurio, 10 de enero de 2022

Sólo en su jurisdicción metropolitana norte, la Defensoría Penal Pública (DPP) contabiliza hoy cerca de 50 imputados con problemas de salud mental que esperan en recintos penitenciarios, en sus áreas de salud o común, ser evaluados y que se determine su imputabilidad o que se les dé un cupo para ser ingresados a un centro especializado y cumplir la medida cautelar de internación provisoria que los tribunales les hubieran impuesto.

“En Santiago Uno —advierte el defensor regional de esa zona (s), Nicolás Orellana— solo hay un sector que se llama ASA (Área de Salud Ambulatoria), con unas 10 camas, (...) pero no tienen un centro de atención psiquiátrica, entonces los mandan con la población común, y esto no solo pasa en Santiago”.

También ocurre que los mismos imputados piden salir de las zonas de enfermería, porque afuera tienen más libertad, pueden compartir con otros internos o fumar, por ejemplo, aunque corren más riesgos.

El mayor drama, piensa Orellana, es que muchas veces hay denuncias de las propias familias, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, y con ellas se busca que el imputado con problemas de salud mental sea internado en un hospital psiquiátrico, pero no que vaya a la cárcel.

Sin embargo, no hay dónde más derivarlos cuando no existen cupos en estas instituciones.

A nivel nacional, la DPP estima que podrían ser unas 100 personas en listas de espera para pericias o ingresos, y si bien siempre ha habido dificultades, la pandemia las habría acrecentado, convirtiéndose este en un fenómeno que hace meses preocupa en esta y otras instituciones, como Gendarmería.

“La existencia de imputados con enfermedades mentales esperando en recintos penitenciarios un cupo para ser internados en establecimientos hospitalarios es un problema de Estado y una situación que ocurre en todo el país”, afirma Nicolás Cisternas, coordinador nacional del programa de defensa penal especializada de personas inimputables por causales de salud mental.

El directivo cree que “sería intolerable que un adulto cumpliera prisión preventiva en un recinto que no es penitenciario”.

La reacción para enmendar esa situación sería inmediata, dice; “pero eso no ocurre cuando un paciente psiquiátrico se encuentra cumpliendo una internación psiquiátrica en un recinto penitenciario, muchas veces en condiciones infrahumanas, a la espera de un cupo en un recinto especializado”.

Para dimensionar la demanda del sistema de justicia penal y la oferta en la red de salud y el Servicio Médico Legal (SML), ya hay algunos levantamientos de información.

Así, si se toma como parámetro aquellas causas cuyo procedimiento fue suspendido, en virtud de la norma del Código Procesal Penal que aplica a los imputados con problemas de salud mental, y que en cada una de ellas debió solicitarse una pericia forense para verificar su condición, el resultado para la Región Metropolitana es que cada año se piden, en promedio, 616 informes de esta naturaleza; en Valparaíso, 306, y en el Biobío, 162, consigna el último “Estudio de brechas de psiquiatría forense”, que analizó un período de cinco años.

En el país, el promedio, considerando todas las regiones, suma más de dos mil pericias solicitadas en ese período.

LA OFERTA EN LA RED DE SALUD

Luego, el mismo documento describe “la oferta disponible en la red de salud a nivel nacional” y elabora “una ficha de caracterización de cada una de las unidades que cuentan con recursos destinados para el desarrollo de labores de psiquiatría forense”.

En total, suman siete, y los hay en las regiones de Valparaíso (2), Arica, Metropolitana, del Biobío, La Araucanía y Magallanes, sumando 26 psiquiatras, 13 psicólogos y 183 camas: 11 para mujeres, 82 para hombres y 90 mixtas.

También menciona el estudio la oferta del SML, el que informó, por ejemplo, la realización de 231 peritajes psiquiátricos en la Región Metropolitana durante 2020, correspondiendo el 68% de ellos a solicitudes respecto de imputados en causas penales.

Ahora, antes de la pandemia las pericias se empinaban por sobre las 800, contabilizándose requerimientos de todas las judicaturas (penal, de familia, civil y otras).

“La falta de disponibilidad en el sistema público para la atención de salud a las personas privadas de libertad significa una sobrecarga importante en el sistema penitenciario que posee recursos acotados”, comenta la jefa del Departamento de Salud de Gendarmería, Beatriz De Gregorio.

Ella misma agrega que “las enfermerías en las cárceles concesionadas están dirigidas para la hospitalización de todos los pacientes que lo requieren, independientemente de su patología, motivo por el que estas derivaciones (desde el hospital Horwitz) afectan de manera relevante la ocupación hospitalaria”.

SUSPENSIONES Y TRASLADOS

Los datos arrojan una oferta acotada, a lo que se suma que distintos establecimientos que realizan entrevistas periciales las suspendieron hasta por ocho meses durante la crisis sanitaria.

En algunos casos, como medida para el resguardo de sus pacientes y funcionarios o, en otros, por no contar con personal suficiente debido a los contagios por covid-19 o porque parte de sus profesionales eran “población de riesgo”, según constató un estudio de la defensoría.

Y aunque se atendiera, igualmente había demoras adicionales, ya que, por ejemplo, un imputado trasladado desde un penal hasta una unidad forense debía cumplir con un aislamiento de 14 días antes de la entrevista psiquiátrica.

Con todo, para Cisternas, de la defensoría nacional, “no ha fallado una institución en particular, sino los sistemas de salud mental y de justicia en su plenitud.

Resulta lamentable que el Estado no esté en condiciones de cumplir las obligaciones que contrajo en esta materia, ni de respetar los derechos que reconoce a las personas con discapacidad”.

INFORMES

Se estima que cada año, en promedio, se piden más de dos mil informes psiquiátricos en causas penales.

En los recintos penitenciarios estos imputados permanecen en las áreas de salud o comunes, dependiendo del caso.

En ocasiones, ellos mismo piden salir de las zonas de enfermería.


Existe demora para la realización de pericias psiquiátricas —que exige el proceso penal para verificar la condición de las personas— y faltan cupos para la internación en centros especializados.

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