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Defensor Regional reprochó el uso excesivo de la prisión preventiva

20/01/2022

La autoridad destacó que el uso de la prisión preventiva se ha transformado en una pena anticipada.

Defensor Regional reprochó el uso excesivo de la prisión preventiva

“La delincuencia no se frena con restringir las garantías de las personas, sino con políticas públicas efectivas y de largo aliento, y con leyes que apunten al origen de los problemas de seguridad”.

Por: Valeska Olavarría Gallardo

Periodista. Defensoría Regional de Aysén

Jorge Moraga, Defensor Regional de Aysén, destacó los datos entregados recientemente en Televisión Nacional por el jefe nacional del servicio, Carlos Mora Jano, sobre las altas cifras de prisiones preventivas, por periodos también excesivos, a los que son sometidas algunas personas acusadas de delitos.

En este sentido, el Defensor Regional de Aysén destacó que desde hace años la Defensoría Penal Pública ha visto con preocupación el incremento del uso de la prisión preventiva contra las personas que son imputadas de delitos, así como el excesivo tiempo que permanecen en esta condición sin que hayan pruebas efectivas en su contra.

Para Moraga, es comprensible el clamor ciudadano por aumentar los niveles de seguridad ciudadana y disminuir la delincuencia en nuestro país, “pero ello no se logrará restringiendo las libertades de todas las personas – porque efectivamente las leyes se aplican a todos y todas – y menos aun, recurriendo a la prisión preventiva como si fuese una especie de pena anticipada o factor disuasivo”.

El Defensor Regional sostiene que si lo que se busca es disminuir la delincuencia, entonces debemos analizar e identificar el origen de estos problemas, y poner en marcha políticas públicas que las aborden desde su origen. “Otra cosa aparte es el proceso penal, que no puede ni tiene el rol de lograr la ansiada disminución de la delincuencia. El objetivo del proceso penal es otro, y la prisión preventiva debe ser usada como una medida de último recurso”, especialmente, sostiene, habiendo otras herramientas que provee el legislador para asegurar el éxito de una investigación y/o la seguridad de la víctima o la sociedad.

Jorge Moraga destacó los certeros datos entregados por el Defensor Nacional, en cuanto señaló que la Defensoría Penal Pública ya había alzado la voz con preocupación cuando en el año 2005 se modificó el Código Procesal Penal, y se quitó el carácter de excepcional a la prisión preventiva en los delitos con penas bajas o cuando el imputado podría verse favorecido por una condena en libertad.

“Más tarde, en el año 2008, también levantamos una voz de alerta, cuando a través de la llamada Agenda Corta Anti Delincuencia, se facilitó el uso de la prisión preventiva por medio de la presunción del peligro a la seguridad de la sociedad o cuando se entregaron mayores atribuciones a los jueces para que se aplique, generando muchas veces consecuencias abusivas en las personas”, recordó Jorge Moraga.

ESTADÍSTICA

Según datos de la Defensoría Penal Pública, desde enero del año pasado a la fecha de un total de 20.400 personas en prisión preventiva 1.596 eran inocentes y 3.908 fueron condenadas a penas no privativas de libertad.

“En nuestra región – analizó el Defensor Regional - aun teniendo cifras mucho más bajas, también vemos que este fenómeno ocurre”.

Si bien durante la pandemia los tribunales de la región criteriosamente, atendiendo la situación sanitaria, han evitado decretar prisión preventiva para las y los imputados, la estadística del año 2019 señala que el 11% de las y los imputados investigados eran inocentes de los cargos que se les imputaban; de ellos el 4,6% estuvieron privados de libertad entre 16 días a más de seis meses.

Según el Defensor Regional, es necesario volver al origen y recurrir a la prisión preventiva sólo en casos que realmente lo ameriten. “Es necesario que tal como antes se legisló para aumentar criterios para que las personas queden privadas de libertad, hoy se revisen esas normas que están afectando a miles de personas en nuestro país y que hoy están en prisión por una configuración excesiva del sistema, a dicho respecto, con todas las consecuencias que ello implica para sus vidas”.

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