Sala de Prensa

11/12/2008

Errores Judiciales: Una deuda que debe pagarse

Columna de la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, publicada el día jueves 11 de diciembre en The Clinic.

Iba a hablar de la Sra. Patricia, privada de libertad injustamente por 41 días, de los errores que nos cuestan días perdidos, derechos olvidados y sufrimientos indeseables. Iba a recordarle que la Sra. Patricia es usted. Y que los tres jóvenes acusados erróneamente de haber asaltado un Telepizza, por lo que pasaron un mes en prisión preventiva, son sus hijos.

Pero aparece Claudio Soza,  de avanzados 75 años,  hasta ahora único acusado del homicidio de dos hombres, uno de ellos ex marido de María del Pilar Pérez, y remece no sólo la pauta noticiosa sino nuestros espíritus y ¿conciencias? Probablemente nos preguntemos con justicia, en qué versión confiamos. La honra de Claudio Soza, en un principio supuestamente confeso del delito, aunque luego negado consistentemente, estará irremediablemente dañada. Durante meses han afirmado que era el autor del doble crimen, con alusiones y ribetes homofóbicos, ha aparecido en numerosas notas de prensa como tal, y más grave aún ha padecido los sufrimientos asociados a la acusación.

Surge ahora profusamente en los medios, una nueva versión, entregada por los fiscales que investigan otra causa, que señala que las cosas habrían ocurrido de otra manera y naturalmente se produce al menos confusión, expectación, sorpresa y asombro.

Y no se trata solamente de la afectación que sufre el acusado, sino las propias víctimas, sus familias, su entorno así como toda la opinión pública. ¿Cómo se les explica a las víctimas que durante meses creyeron que quien había arrebatado ilusiones, planes o futuro, ya no es el sospechoso? ¿Cómo explicamos que el acelerado reproche social erró en su objetivo y ahora debe matizar su juicio?

La exigencia de rigor, profesionalismo y compromiso ético en el cumplimiento de nuestras funciones es fundamental. El periodista debe informar, entregando información completa y contrastada, con prudencia y  exactitud para que el público pueda sacar sus propias conclusiones y manejarla como le parezca más conveniente, teniendo siempre presente que, como estos casos nos recuerdan, la persecución penal esta siempre expuesta a cometer errores, De ahí el peligro del juicio rápido y liviano.

El fiscal del Ministerio Púbico, por su parte debe investigar y perseguir los delitos denunciados, con estricto cumplimiento del principio de objetividad, que obliga a investigar con igual celo no sólo los antecedentes que apoyan la acusación sino también los que puedan desvirtuarla.  Y durante la investigación, especialmente en los interrogatorios y en los juicios está obligado a respetar los derechos de todos los involucrados, manejando con criterio y responsabilidad social la información que entregan, planteando con sensatez y criterio sus teorías y sustento así como la posible afectación de la honra de los perseguidos.

El defensor asimismo, debe defender con lealtad los intereses de su cliente, representándolo con profesionalismo y ejerciendo los derechos y garantías que lo protegen en todas las instancias del proceso. Con sabiduría debe procurar velar permanentemente por la defensa más integral del imputado, incluyendo aspectos personales que estén vinculados a su situación procesal.

¿Quién se responsabiliza entonces en estos casos? En el frágil equilibrio del juego de derechos y deberes que se enfrentan en un conflicto penal y su solución, cada uno tiene su papel, un rol que debe cumplir para que el sistema funcione, felicitándose de sus logros pero responsabilizándose también de sus errores.

Pronto se cumplirán ocho años desde el inicio de la reforma procesal penal en Chile y a la hora de los recuentos deben ponerse en la balanza los aciertos y los errores (aún cuando se trate de “horrores”). Sólo así podemos concentrarnos en los desafíos más relevantes que debemos abordar.

En el caso de la defensa es un impostergable buscar el perfeccionamiento de los mecanismos procesales que permitan la protección de los derechos de todos, que permitan corregir con facilidad los errores que se cometen en el sistema. Es un deber asumir el espacio que nos corresponde, ejerciendo nuestro rol de equilibrio, de confrontación jurídica con el acusador, de igual contendor.

El desafío de ser el baluarte del más débil en el proceso supone comprometernos con un rol activo en el desarrollo de la defensa, en todas sus aristas.

Siento una deuda con Patricia, tal vez con Claudio. Y me gusta pagar mis deudas, pues conservan la amistad…con la ciudadanía. 

P.D.: Aprovecho de felicitar a The Clinic en su décimo aniversario –cómo puede haber pasado tanto tiempo!- por ser un espacio que sólo nos enriquece en la pluralidad.

  • subir
  • imprimir
  • volver