Sala de Prensa

26/12/2008

En Ley de Transparencia: Asesor Jurídico de Los Lagos capacita a integrantes del Gabinete de Justicia

La nueva normativa busca garantizar la entrega de información del Estado hacia la comunidad.

Una completa exposición sobre la Ley 20.285, de acceso a la información pública, más conocida como Ley de Transparencia, realizó recientemente el asesor jurídico de la Defensoría Regional de Los Lagos, Norman Santibáñez Handschuh, en el Gabinete de Justicia realizado en la comuna de Maullín.

En la reunión, que se realiza en forma mensual con el fin de coordinar el trabajo que se realiza en la región, estuvieron presentes todos los directores de servicios dependientes del Ministerio de Justicia, quienes aprovecharon la ocasión para informarse acerca de esta nueva normativa.

El abogado explicó que este Ministerio fue elegido para la realización de un plan piloto de cinco meses de duración, el cual se encuentra actualmente en etapa de implementación y que debiera comenzar a regir en enero próximo.

Santibáñez hizo un análisis de la evolución legislativa sobre esta materia en nuestro país y también analizó la jurisprudencia internacional, para luego abocarse a los principios que sustentan la nueva ley, especialmente el de transparencia (activa y pasiva) y publicidad.

La Ley

Dicha norma legal, que entrará en vigencia en todo el país en abril de 2009, busca facilitar el acceso a la información de cualquier persona a los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de los órganos estatales. Para ello,  todos los servicios y organismos públicos deberán publicitar de manera permanente toda la información relevante en sus sitios web, incluyendo todos los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros y las transferencias de fondos públicos que efectúen, cumpliendo lo que la ley denomina transparencia activa.

Además, se ha establecido un procedimiento para que los ciudadanos puedan acceder y solicitar información de cualquier institución pública (transparencia pasiva) que se encuentre contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información preparada con presupuesto público.

De no cumplirse con los requerimientos de información,  los ciudadanos cuentan con una acción de reclamación para hacer efectivos sus derechos, la que pueden interponer ante el Consejo para la Transparencia, entidad creada por esta ley, como un organismo autónomo que tiene, entre otras, facultades fiscalizadoras y sancionatorias, que le permitirá velar por el cumplimiento de la norma y, eventualmente, aplicar las sanciones correspondientes.

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