Sala de Prensa

24/02/2009

Justicia y lenguaje

Columna de Eduardo Morales, Defensor Regional de Valparaíso, publicada en El Mercurio de Valparaíso el día martes 24 de febrero de 2009.

Primero ocurrió en el ámbito penal, luego en el de familia y ahora en el procedimiento del trabajo: los juicios orales se imponen en nuestro país, la  litigación cara a cara pasa a ser la regla general. 

Los beneficios de este sistema son indudables.  Basta destacar que la oralidad ha terminado con los intermediarios del juez.  Ahora es el magistrado quien escucha directamente las argumentaciones de las partes y aprecia en persona las pruebas que se le exhiben.  También  la oralidad ha permitido abreviar los juicios y hacerlos más oportunos. 

Pero una práctica legal anquilosada impide la expresión de todas las cualidades de esta nueva forma de administrar justicia.

El procedimiento oral debe permitir a los interesados conocer con facilidad el contenido de los trámites y resoluciones judiciales, así como las razones que ha tenido el juzgador para fallar en uno u otro sentido.  Esta expectativa, de conocer y entender a cabalidad lo sucedido, radica legítimamente en quien ha solicitado la intervención de la justicia y también en el que debe cumplir o acatar sus decisiones.

Pero muchas de las actuaciones de los operadores habituales del sistema de justicia son ininteligibles para los afectados.

Los abogados seguimos utilizando un hablar antiguo.  En nuestras intervenciones reproducimos prácticas y fórmulas añejas y empleamos los mismos arcaísmos y citas  que consignábamos antes por escrito. Peor aún, ahora buscamos, además, acortar  la duración de las audiencias con abreviaciones incomprensibles para quienes no ejercen nuestro oficio.

Así, estamos “contestes”, citamos “fojas”,  alegamos que “no se cumplen los requisitos del 140”, absolvemos al “encartado” y lo hacemos  “en virtud de lo dispuesto en el artículo 50”.

Todos los días oímos a jueces conminando a los nuevos comparecientes a  señalar su domicilio ”bajo apercibimiento de ser notificado por el estado diario”, escuchamos largas sentencias, más extensas que las antiguas, repletas de citas de artículos de leyes y presenciamos audiencias de formalización que se oyen como una letanía.    Mientras tanto, los seres humanos que esperan justicia escuchan sin entender.  No es raro que después el cliente pregunte a su abogado qué pasó, qué se resolvió.

Con estas prácticas perdemos todos. Si los fundamentos de las resoluciones judiciales no son claros para las personas a quienes se dirigen tendrán la apariencia de arbitrarias. Si no se entiende cómo y por qué actúan los jueces, sus dictámenes no podrán orientar el comportamiento futuro de los ciudadanos.  Si el derecho es oscuro y complicado, será difícil adecuar las conductas a sus disposiciones.

Los abogados podemos hablar en un lenguaje comprensible para todos. No necesitamos demostrar nuestra sapiencia usando términos extraños.  Si todos los operadores del sistema nos esforzamos en ello, la justicia se hará más próxima a la gente, más amigable y el Estado de Derecho saldrá fortalecido.

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