Sala de Prensa

20/09/2023

Para dar a conocer la labor de la defensoría y derechos que supone defensa indígena

Equipo de defensoría dialogó sobre derechos con comunidad Ramón Raillanca en Futrono

En el encuentro participaron además de integrantes de la comunidad , su werkén Magdiel Raillanca, el defensor penal público de Los Lagos, Felipe Saldivia, el defensor regional Luis Soto y el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, Juan Pablo Alday y la postulante en práctica, Constanza Rojas.

Por Malú Rodríguez Sepúlveda.
Defensoría Regional de Los Ríos. 

Este  viernes 15 de septiembre, en Futrono se realizó un nütram (diálogo) sobre derechos en el sistema penal y respecto a los alcances de la defensa especializada indígena, que convocó a integrantes de la comunidad "Ramón Raillanca", su werkén  (vocero), Magdiel Raillanca, el defensor penal público de Los Lagos, Felipe Saldivia, el defensor regional de Los Ríos,  Luis  Soto, el jefe  de Estudios de esa defensoría, Juan Pablo Alday y la postulante en práctica, Constanza Rojas.

En un primer momento el equipo escuchó atentamente  las inquietudes y testimonios del grupo frente a la imputación de usurpación violenta y amenazas por parte del Ministerio Público a cuatro integrantes de la comunidad. Esto en el contexto de la reivindicación ancestral de un terreno en el sector Las Quemas de esa comuna desde el año 2014 por esa comunidad y respecto a la que privados se querellaron aduciendo el carácter de propietarios legales.

Derechos

En un segundo momento, el defensor regional Luis Soto explicó el servicio que presta la Defensoría Penal Pública, el derecho a defensa y las consideraciones del ejercicio de defensa penal mapuche, tarea en la que ambos directivos se comprometieron a apoyar al defensor penal público general de la comuna de Los Lagos, Felipe Saldivia.

Una de las inquietudes que planteó el werkén Magdiel Raillanca fue la eventual promulgación de la llamada Ley de Usurpaciones, hoy en trámite en el Senado de la República, proyecto que modificaría el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación,   extiende el período de flagrancia,  facilita la detención de los ocupantes y podría  incorporar la controvertida legítima defensa privilegiada, que según voces académicas, legislativas y de la sociedad civil, derivaría eventualmente en que propietarios tomen las justicia por propia  mano, incluso utilizando armas.

Por último, el equipo de defensa precisó los derechos ciudadanos frente al sistema penal e informaron sobre la posibilidad de peritajes como  insumo  para la teoría de defensa en este caso.

 

 

 




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