Sala de Prensa

09/11/2023

Plataforma institucional reúne fallos relativos a vulneraciones ocurridas en distintas etapas del proceso penal

Defensoría del Biobio sumó un nuevo caso al 'Observatorio de Derechos Humanos en el sistema penal'

Hasta ahora, la iniciativa ha incorporado 13 casos, cuatro de los cuales corresponden a acciones iniciadas por defensores públicos del Biobío para enfrentar las respectivas transgresiones.

Por Victoria Haquin V.,
Defensoría Regional del Biobío.

El próximo mes se cumple un año desde el lanzamiento del 'Observatorio de Derechos Humanos en el sistema penal', una plataforma creada por la Defensoría Penal Pública que reúne fallos relativos a vulneraciones ocurridas en las diferentes etapas del proceso penal y se nutre de aquellas afectaciones detectadas por la institución y sobre las cuales se han adoptado acciones oportunas para su corrección.

A la fecha, de los doce fallos publicados, tres corresponden a la región del Biobío y dan cuenta de vulneraciones al debido proceso en un caso en que la policía realizó diligencias sin orden judicial ni instrucción fiscal en el domicilio de un imputado; el caso de Lorenza Cayuhan, que dio a luz engrillada, lo que vulneró el derecho a la dignidad de todas las personas privadas de libertad, y el caso de un interrogatorio policial que vulneró el derecho a guardar silencio del imputado.

Ahora, una nueva incorporación a la plataforma desde la Defensoría Regional del Biobío evidencia una vulneración al derecho a defensa de los imputados, al no otorgarse las condiciones para una entrevista privada entre ellos y sus abogados en el principal centro penitenciario de Concepción.

DERECHO VULNERADO Y SOLUCIÓN
En este caso, el defensor local jefe de Concepción, Pablo Ardouin, presentó una acción constitucional de amparo en contra de Gendarmería, debido que el complejo penitenciario Biobío sólo contaba con dos salas para entrevistas entre imputados y sus abogados y otros profesionales que lo requerían, en circunstancias de que existía un universo de 518 imputados que cumplen prisión preventiva en el recinto y pese a que las bases de licitación de la concesionaria establecen que deben ser cinco salas.

Por lo mismo, los abogados defensores debían conferenciar con sus representados de pie en los pasillos del recinto con hasta 16 personas alrededor, sin reunir las condiciones mínimas para garantizar el derecho de estas personas a defensa y, en especial, el de entrevistarse de manera privada con sus respectivos abogados.

En el amparo se solicitó, además, que se ampliara el horario de visita de los profesionales a los internos en los horarios establecidos y no con la reducción horaria autoimpuesta por Gendarmería.

CORTE SUPREMA
Tras el rechazo de esta acción por la Corte de Apelaciones de Concepción, la vulneración fue reconocida unánimemente por la Corte Suprema. En efecto, el máximo tribunal del país observó “una restricción ilegítima al derecho a defensa y a la garantía del debido proceso, lo que de mantenerse trasunta en una amenaza a la libertad personal y seguridad individual de los amparados, lo que deviene en una ilegalidad que debe ser corregida”.

Tras acoger el amparo, la Corte ordenó dos cosas. Primero, que se habiliten al menos cinco salas de entrevistas para abogados defensores dentro del plazo de 30 días y, en segundo término, que el horario de entrevistas se adecue a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, es decir, que las entrevistas puedan realizarse entre las 9 y las 12 horas y de 14:30 a 17:30 horas.

Así, las modificaciones impuestas por la Corte Suprema, a requerimiento de la Defensoría Regional del Biobío, se materializaron durante la primera semana de agosto pasado.

DATOS ABIERTOS Y DENUNCIAS
Esta iniciativa fue impulsada por la Defensoría en el marco del 'Quinto plan de acción de gobierno abierto' y se suma al funcionamiento del 'Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria' (Sircaivi). 

Al contener datos abiertos y cifras relacionadas, otros de sus objetivos son poner a disposición de la ciudadanía esta información y ser un canal de denuncia para quienes hayan sido afectados en sus derechos durante procesos de detención, investigación o ejecución de condenas.

  • subir
  • imprimir
  • volver