Sala de Prensa

15/12/2023

Defensor Nacional participó en conversatorio sobre los 20 años de la Reforma Procesal Penal en Ñuble

Carlos Mora Jano encabezó el panel junto al ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y el director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, Ignacio Castillo Val.

Este jueves, en el auditorio de la Corte de Apelaciones de Chillán, se llevó a cabo el conversatorio “A 20 años de la Reforma Procesal Penal en Ñuble: retrospectiva, actualidad y desafíos de futuro”, organizado en conjunto por el Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría Penal Pública, que en la región la dirige el defensor regional Marco Montero.

Las exposiciones estuvieron a cargo del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus; el Defensor Nacional Carlos Mora Jano, y el director de la Unidad de Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, Ignacio Castillo Val.

Durante su exposición, la máxima autoridad de la Defensoría Penal Pública profundizó, entre otras materias, en el abuso de la prisión preventiva, afirmando que “somos un país castigador, que creemos en que la mano dura funciona. Pero cuando ocurren tragedias carcelarias, sí que nos preguntamos ¿por qué una persona muere en una cárcel si sólo había vendido películas pirateadas?”.

“Tampoco tenemos que retroceder muchos años para ver casos como este. Recordemos lo que pasó el 8 de diciembre de 2010, cuando ocurrió una de las mayores tragedias carcelarias en Chile: 81 personas murieron quemadas en la Cárcel de San Miguel, muchas de ellas por delitos de bagatela y claro, en ese momento nos preocupó, nos hizo darnos cuenta de nuestros errores en materia de persecución penal, pero nada realmente cambió, seguimos pidiendo más y más cárcel para todos, y por cualquier cosa”, agregó el Defensor Nacional, mencionando que “desde enero de 2019 hasta agosto de 2022, en las cárceles chilenas han fallecido 489 personas. ¿Cuántos de nosotros conoce este dato? ¿Sale en las noticias y genera escándalo público? Por desgracia no, ni siquiera aparece en los compendios estadísticos estatales”.

E insistió: “No hay nada peor para la seguridad pública de un país que tener a tanta gente hacinada en recintos penitenciarios. Por el contrario, la experiencia internacional nos enseña otra cosa: que hay medidas mucho más eficaces para bajar las tasas de desigualdad. Primero: prevención y reinserción. Segundo: establecer una política de persecución penal basada en castigar los delitos importantes y las grandes bandas a través de la asfixia económica”.

Por último, aseguró que “muchas cosas podremos extrañar de lo que fue la Reforma Procesal Penal en sus inicios. Podrán faltar muchos principios y resguardos para quienes son los principales afectados por la persecución penal, habremos olvidado derechos fundamentales básicos, pero lo que sí ha quedado, es el espíritu con que las y los defensores desempeñamos el cargo”.

“No cejaremos, seguiremos siendo el último escudo protector de las personas y seguiremos diciendo que el aumento de penas y la rebaja de las garantías de imputadas e imputados, no generarán mejoras en los índices de inseguridad y delincuencia, sino por el contrario, generarán falsas expectativas en la población. Sólo una adecuada política pública y el respeto a los derechos humanos nos hará vivir en un mejor país”, concluyó.

 

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