Sala de Prensa

20/05/2009

La resurrección de una muerte mediática

Columna de Paula Vial Reynal, Defensora Nacional, publicada en The Clinic, hoy miércoles 20 de mayo.

¿Es posible volver atrás una muerte mediática? ¿Se puede reparar? ¿Nos interesa hacerlo?

El advenimiento del nuevo sistema procesal penal supuso un mayor y mejor acceso a la información de la persecución penal, mejores y más directas fuentes de información, más publicidad y más transparencia. Pero con ello, mayores espacios de ejercicio de responsabilidad profesional y ética en el manejo de los datos, las historias de cada caso y de sus protagonistas.

La publicidad es tan necesaria para la democracia como lo es el respeto a la dignidad del individuo y su derecho a un juicio justo. Ninguno puede ser absoluto y si bien en muchos casos debe primar la publicidad, tal derecho exige límites, algunos tan evidentes como los casos donde participan menores, la proscripción de las exhibiciones infamantes, de los historiales médicos, la familia de los imputados, etc. Si bien nuestra ley establece alguna regulación en la materia, distinguiendo además la publicidad inmediata que se produce en las audiencias de la medida que se debe dar en el curso de las investigaciones, restringiendo y limitando ésta última, quedan espacios de indefinición que permiten abusos. Por ello también conocemos de proyectos de ley en los que, a golpe de pancarta y manifestación, se pretende resolver vicios y brechas, estableciendo prohibiciones que huelen a pasado. 

¿Cómo impedir, por ley, que los fiscales tengan contacto y emitan declaraciones a los medios de comunicación como lo plantean los diputados Errázuriz, Herrera y Nogueira? ¿Por qué? ¿No será lo adecuado exigir el respeto más irrestricto de las normas, incluso las de ejercicio ético de la profesión, y la responsabilización por las consecuencias que su incumplimiento acarrea?

Es que, en la práctica el escudo de la presunción de inocencia se desvanece con la condena mediática y desafortunadamente esa muerte no tiene regreso posible. No existen herramientas adecuadas para que los inocentes afectados por la divulgación de imputaciones que resultan falsas tengan reparación del Estado y se dificulta el acceso a la asesoría legal para reclamar de los medios las indemnizaciones que en derecho correspondan, por lo que no existe un marco jurídico adecuado para el ejercicio de la libertad de prensa. Pero muchas veces la información proviene directamente de fiscales, policías o de lo discutido en audiencias públicas…

Si contextualizamos el debate sobre estas materias al Chile de hoy, resulta que paradigmas como el de que los abogados no litigan por los medios, o que la verdad procesal debe coincidir con la periodística que se difunde ya no tienen la misma vigencia, entonces hay que preguntarse cómo resolver el dilema de la confrontación de estos derechos.

Un buen inicio es asumir la responsabilidad con la que deben actuar quienes manejan la información, evitando excesos, incumplimiento de normas, discriminación de acceso a información según los casos y respondiendo por los errores o exuberancias. 

Ya Andrés Bello abogaba en un artículo de 1830  por un juicio translúcido, en el que la publicidad actuara como "el único preservativo seguro de la arbitrariedad y de las prevaricaciones" y donde por el contrario “Nada congenia más con el despotismo que el misterio”. Pero aquello existe contrapesos y virtudes públicas.

Nuestra democracia se merece una justicia cristalina que no etiquete ni marque a las personas, pero que exija a sus actores responsabilidad por sus acciones y resultados. Una vez que etiquetamos a alguien como delincuente, perdemos el temor de equivocarnos al incriminarlo anticipadamente, en la certeza de que asumirá el rol asignado y que si no delinquió esta vez, seguro lo hará mañana.

Perder la cautela en el manejo de información es una manera de etiquetar a otro como delincuente, y trasforma al protagonista de la noticia en un chivo expiatorio que permite mantener los roles y la estructura de interacción que hemos definido como parte de nuestra identidad social.

El juicio criminal siempre ha sido un espectáculo y lo seguirá siendo, pero en los límites que fijemos estará la frontera real de la dignidad humana.

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