Sala de Prensa

09/06/2009

La economía política del castigo

Columna de Juan Carlos Rebolledo Pereira, Defensor Regional de Aysén.

En un artículo publicado recientemente, la profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Pompeu Fabra, doña Elena Larrauri, busca explicaciones para entender el  incremento  mundial del número de personas  en prisión. 

Para Garland (2001), uno de los autores mencionados por Larrauri en su artículo,  la explicación del aumento de la penalidad o causas del punitivismo (o causas del castigo), radica en que se ha producido un viraje de los sistemas punitivos, basados en una cultura “penal asistencial”, propia del Estado Social,  a unos sistemas punitivos que enfatizan objetivos como castigo, incapacitación del delincuente y protección del público. Estos últimos basados en una cultura del control, propia de estados neoliberales; ejemplo de ello serían los gobiernos norteamericanos e ingleses, es decir estados que gobiernan  a través de políticas penales.

En relación al aumento de la prisionización debe distinguirse si ella se debe a que el delito aumenta, o bien como ocurre en España y también en Chile (a la luz de la última encuesta de la ENUSC  que da cuenta de una estabilización de las tasas de delitos), en que el aumento de la prisión en la presente década no parece obedecer a un incremento del delito, sino a una decisión política de cómo reaccionar frente a ellos.

El hecho de que el  aumento de la prisión no se produzca en forma correlacionada con los índices de delitos es una conclusión mayoritariamente aceptada por toda la literatura criminológica, así por ejemplo, Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo el aumento del encarcelamiento puede coexistir con un marcado descenso del delito. La profesora Larrauri plantea que el aumento desproporcionado de las personas en prisión que se observa desde la década de los ochenta, no responde directamente a incrementos en la comisión de delitos, sino que además del número de delitos hay una decisión política de cómo reaccionar a ellos, así el incremento de personas encarceladas responde a decisiones de política criminal y no son un reflejo de la subida del delito.

Las tasas de personas encarceladas por cada cien mil habitantes dan cuenta de este fenómeno, Rusia tiene una tasa cercana a 700 personas, España se acerca a los 200 encarcelados por cien mil habitantes y Chile, que al comienzo de los años noventa presentaba poco mas de veinte mil personas privadas de libertad, hoy se acerca a las sesenta mil, con tasas superiores a trescientas personas encarceladas por cada cien mil habitantes. Esta tasa es  la más alta de Hispanoamérica. En el otro extremo se ubican países como Alemania, Suecia, Suiza, Finlandia y Dinamarca que presentan tasas inferiores a cien personas encarceladas por cada cien mil habitantes.

Creo que estas comparaciones refuerzan la idea de que el número de personas que un determinado país tiene en prisión, obedece más a decisiones de política criminal que a una consecuencia natural del número de delitos.

La profesora Larrauri, sostiene que un país realiza un “viraje punitivo” cuando incluso los propios legisladores y agentes políticos sienten que han perdido el control de los sucesos, cuando “se ven obligados” a adoptar una serie de decisiones que quizás la “racionalidad pragmática” les desaconseja, pero las que toman finalmente porque presumen que no pueden oponerse a la opinión pública. Este es el fenómeno llamado Populismo Punitivo, que consiste en  una alusión creciente  a que las decisiones penales se toman fundadas en la opinión pública.

Una de las notas características del populismo punitivo es precisamente que en un determinado momento, incluso los agentes políticos se sienten a merced de las pasiones que ellos mismos han contribuido a desatar. Sin embargo, no es la opinión pública la que marca la dirección de las preocupaciones o respuestas, sino más bien los políticos quienes focalizan la agenda política en el tema de la delincuencia, y a partir de este momento se produce un aumento de la preocupación de la gente. Las razones que contribuyen a que un determinado gobierno tenga altas tasas de encarcelamiento y numerosas personas en prisión, se debería a la existencia de una relación entre Estado social y delito. Los autores muestran cómo hay una correlación entre los índices de encarcelamiento y las tipologías de Estado social.

El hecho de que los Estados sociales sean menos punitivos puede deberse en mi opinión  a que la lógica moral del Estado social es la de la universalización de las prestaciones sociales, por tanto en éstos la ideología tiende a ser más inclusiva y solidaria con las personas desfavorecidas por su lugar de nacimiento.  Se tiende a favorecer un concepto de responsabilidad de la sociedad frente al delito y a los riesgos; quizás también uno “puede permitirse” ser tolerante; y finalmente las alternativas asistenciales al castigo funcionan.  Todo ello redunda quizás en un menor miedo, ansiedad, y demandas punitivas.

Asimismo, se observa una relación inversa existente entre represión penal, legitimidad y confianza social.  Sociedades, como las escandinavas o como ocurre en Suiza, con mayor índice de confianza y legitimidad son aquellas con menores índices de encarcelamiento. Los estados sociales tienen una alta legitimidad, lo cual se relaciona también con políticas penales menos punitivas. 

En las sociedades menos legítimas el gobierno parece tener una mayor necesidad de recurrir a actos “propagandísticos” de combate del delito para ganar legitimidad entre la población.

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