Sala de Prensa

15/07/2009

Autonomía de la Defensoría: Una necesidad desde la madurez y los fundamentos.

Columna de Paula Vial Reynal, Defensora Nacional, publicada en The Clinic.

En mi primera cuenta pública, rendida el viernes pasado, me llamó la atención la sorpresa que causó nuestra petición de autonomía plena para la Defensoría, una aspiración conocida y antigua. Tan antigua como joven es la Defensoría. Desde sus inicios se discutió la necesidad de que el órgano encargado de hacer realidad la garantía de defensa con que contamos todos los habitantes del país,  fuera un ente autónomo. De hecho, el proyecto original que creaba la Defensoría Penal Pública se presentó otorgando un carácter autónomo a dicha institución. Luego, aquello se dejó sin efecto por una indicación del ejecutivo, a instancias de la Comisión de Constitución.

La necesidad de lograr el equilibrio entre los intervinientes principales del proceso, la igualdad de armas que el sistema requiere, ha sido un anhelo permanente no sólo de quienes trabajamos en la Defensoría sino de académicos, de parlamentarios de diversas tendencias y de personeros y autoridades vinculados a los orígenes y desarrollo de la reforma procesal penal.

En la actualidad existen dos proyectos de ley en el Congreso sobre la materia, que pretenden hacer realidad esta aspiración que surge desde el ámbito de la necesidad. Uno, de la senadora Soledad Alvear, artífice de la Reforma Procesal Penal, propone la autonomía constitucional, como equilibrio necesario frente a un órgano autónomo con facultades únicas, privativas y excluyentes como el Ministerio Público (MP), que permita a la Defensoría Penal Pública independizarse de las necesidades del gobierno, eliminando posibles sesgos.

Otro, de los diputados Jorge Burgos, Laura Soto y quien fuera un permanente impulsor de la reforma y de la igualdad entre intervinientes,  el fallecido – y extrañado-  Juan Bustos, entre otros. Esta iniciativa señala que el correlato necesario entre los organismos encargados de la persecución y defensa no existe, atendida la fortaleza de que se ha dotado al MP en detrimento de la Defensoría y reclaman idéntico tratamiento, garantizando en el ámbito constitucional la necesaria independencia y autonomía de la defensa.

Aunque la defensa se pueda realizar en forma privada, la existencia de la Defensoría se justifica en la materialización de la garantía más plena del derecho a defensa, como una garantía que alcanza a todos quienes habitan en el país y se hace posible para todos ellos, sin discriminación ni exclusión alguna. El hecho de que seamos un organismo como estructura definida y no meros administradores de la prestación de defensa por privados, justifica discusiones públicas y participación en ellas en materias de política criminal, aporte de argumentos e ideas a los debates que se generan en estas materias, participación en foros, medas de trabajo interinstitucionales y seminarios,  participación en proyectos de ley ante las distintas comisiones del Congreso y muchas otras instancias de participación que serían inconcebibles en el escenario de la prestación privada y dispersa de la defensa.

Somos una institución fuerte y madura, que requiere de esta “puesta de largo” para ocupar el espacio que nos corresponde en el proceso. Nos hemos plantado siempre al Ministerio Público, frente a los tribunales, frente a querellantes y sociedad, como un organismo sólido, con opinión y decisión consolidada, con independencia de juicio y aporte técnico al sistema. Pero con un clamor pendiente, por alcanzar el espacio que nos corresponde.

El sistema se concibió con un Ministerio Público fuerte, encargado de la persecución de los delitos. Su poderío requiere, exige, de un igual que sea capaz de enfrentarlo en un mismo pie, para evitar inequidades y desequilibrios. La suerte de David nos puede acompañar, pero debemos ser un Goliat de la defensa, capaz de entregar seguridades de equivalencia a toda la sociedad.

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