Sala de Prensa

06/08/2009

Miembros de la Asociación para la Prevención de la Tortura se reúnen con Defensora Nacional

La comisión se mostró interesada en conocer la situación que enfrentan los ciudadanos detenidos al interior de comisarías y el trato que posteriormente reciben en los centros de reclusión.

Representantes de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) llegaron a la Defensoría Nacional con el fin de dar a conocer su misión y, a la vez, interiorizarse sobre la labor que cumple la Defensoría Penal Pública en el ámbito de la defensa jurídica de imputados.

La comisión integrada por el miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, Wilder Tayler; la coordinadora del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, Audrey Olivier y la Consejera de la Comisión en nuestro país, Paz Rojas, se encuentran desde el 4 de agosto realizando una ronda de visitas a los centros de detención y a instituciones relacionadas en el tema.

En reunión con la Defensora Nacional Paula Vial, Wilder Tayler señaló que la creación de la Asociación surge de la necesidad de crear sistemas de prevención capaces de controlar a priori la aplicación de tortura en personas que no se encuentren en el medio libre. Es decir, se valora la experiencia de los observadores y de aquellos diagnósticos que permitan prevenir la ocurrencia de maltratos.

En esta línea la comisión estaba interesada en conocer el sistema de detención de imputados y el trato que posteriormente reciben en nuestro país. Paula Vial acotó que, independiente a que cada defensor cumple turnos de 24 horas, su asesoría parte en la primera audiencia en cuya instancia se realiza la revisión del control de detención.

Tras ser consultada por la situación de los imputados, esta vez al interior de los centros de detención, la Defensora señaló que “cada defensor tiene la obligación de visitar cada 15 días a sus imputados que permanecen en prisión preventiva lo que se cumple en más de un 95% de los casos, pero queremos extender esta tarea a los imputados ya condenados y por ello estamos llevando a cabo un programa piloto en la región de Coquimbo”.

Se explicó además a la comisión que la Defensoría se ha preocupado en ir especializando su prestación de defensa, siendo el mejor ejemplo de ello los profesionales que defienden a menores de edad los que cuentan entre sus equipos de trabajo a asistentes sociales y sicólogos, entre otras disciplinas. 

La comisión concluyó que, desde su experiencia, la prevención en la aplicación de la tortura implica un gran esfuerzo en recursos económicos y humanos por parte de los Estados integrantes, los que deben propender a la especialización e independencia de los órganos de poder. Sin embargo se superpone a estas condiciones la necesidad urgente de reafirmar que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constituyen violaciones graves de los derechos humanos.  

La Asociación que cuenta ya con 49 estados miembros, entre ellos Chile, consta de la aplicación un programa de visitas periódicas a lugares de detención por parte de equipos multidisciplinarios los cuales no pueden estar sujetos a ningún tipo de censura o impedimento de ingreso.

Por otra parte cada estado integrante, tras un año de la ratificación del protocolo, tendrá que establecer uno o varios mecanismos que resguarden dicho sistema de prevención, de acuerdo a la realidad nacional. Así pueden ser una o varias instituciones las que estén a cargo de este mandato.

En el caso de Chile éste debe partir, a más tardar, en enero de 2010. Por ello el viaje de esta Comisión tiene por misión asesorar y coordinar en terreno la puesta en vigencia del Protocolo.

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