14/01/2010
Jefe de Estudios de la DPP alegó esta mañana ante la Segunda Sala del Tribunal Constitucional
Ministros del TC deben resolver un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por uno de los querellantes en el caso contra María del Pilar Pérez y José Mario Ruz.
Optimista se mostró esta mañana el abogado Gonzalo Medina Schulz, jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, al concluir el alegato que debió presentar ante la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC), para responder a un requerimiento de inaplicabilidad interpuesto ante esa instancia por Francisco Cox, abogado querellante en la causa iniciada por Rocío Zamorano Pérez contra su madre, María del Pilar Pérez, y su supuesto cómplice, José Mario Ruz, por el asesinato de Francisco Zamorano (ex esposo de la mujer y padre de Rocío).
Ambos están imputados además por los homicidios del economista Diego Schmidt-Hebbel y de la pareja homosexual de Zamorano, Héctor Arévalo, además de los homicidios frustrados de la nuera, la madre, la hermana, el cuñado y la sobrina de María del Pilar Pérez.
Los ministros de esta sala, integrada por Juan Colombo, Raúl Bertelsen, Hernán Vodanovic, Carlos Carmona, Francisco Fernandez Fredes, Marisol Peña y Enrique Navarro, escucharon primero el alegato de Cox, quien representa a Rocío Zamorano Pérez.
El profesional explicó previamente que el recurso busca “demostrar que existe una discriminación arbitraria en la norma que establece que sólo el Ministerio Público puede apelar de la exclusión de prueba por infracción de garantías fundamentales. Nosotros creemos que eso no corresponde”.
Con ello, los querellantes buscan que se les permita reincorporar al futuro juicio oral de esta causa el testimonio de un analista financiero de Transbank, a quien le correspondió monitorear en su momento los movimientos efectuados desde las tarjetas de crédito de María del Pilar Pérez.
Se trata de una prueba que fue desestimada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en la etapa de preparación del juicio oral, y que los querellantes pretenden reponer, buscando con ello probar al menos la responsabilidad de la acusada en el homicidio del joven economista, a partir del hecho que los movimientos de sus tarjetas demostrarían su vínculo con Ruz, supuesto autor del delito.
Tras el turno de Cox le correspondió alegar a Medina, quien explicó luego que su argumento central fue que “el hecho de que el querellante no tenga derecho a apelar no constituye una afectación del principio de igualdad o de debido proceso, puesto que tanto el querellante como la defensa tienen la posibilidad de interponer posteriormente el recurso de nulidad, si es que hay una infracción de garantías fundamentales en materia de exclusión de pruebas”.
Aunque se refiere al mismo caso, el alegato de esta mañana es distinto al que sostuvo en diciembre pasado el jefe de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Andrés Rieutord, ante la misma sala del Tribunal Constitucional, pues esa vez el alegato fue para responder a un requerimiento diferente, presentado entonces por el Ministerio Público.
