Sala de Prensa

29/01/2010

Cónsul boliviano visitó a imputados en Copiapó

El tratado sobre transferencia de personas condenadas entre Bolivia y Chile entró en vigencia en diciembre de 2004 y establece que ambas naciones llevarán a cabo los procedimientos adecuados para que surtan efectos legales en sus respectivos territorios las sentencias dictadas por los tribunales de la otra parte.

En la actualidad son 19 los ciudadanos bolivianos que permanecen privados de libertad por delitos asociados a la Ley de Drogas en el recinto penitenciario de Copiapó. De ellos, siete son mujeres y tres de ellas están embarazadas.

Es por esta razón que la Defensoría Regional de Atacama se contactó con el Cónsul de Bolivia en Antofagasta, Guillermo Romero, para que concurriera a visitarlos y viera la manera de contactarlos con sus familiares en Bolivia.

Cuando el contacto directo no es posible -lo que ocurre en la gran mayoría de los casos-, el consulado actúa como nexo, ubicando familiares en el país vecino y recogiendo información para entregarla luego a los internos.

“Al encierro en una nación extraña se suma la angustia de estar lejos de sus familias, en especial de sus hijos, que permanecen en su país en condiciones que no siempre son las adecuadas. Por eso los internos se mostraron agradecidos de mi visita y de la preocupación demostrada por su situación”, comentó Romero tras la visita.

Además, explicó que “la representación diplomática está preocupada por la situación de los internos, a las cuales se visita de manera frecuente. Nuestro objetivo es que los familiares se trasladen a visitarlos al penal donde estén recluidos. Sin embargo, en algunos casos esto se hace imposible por las distancias y las carencias económicas de estas personas”.

El Defensor Regional, Francisco Nehme Carpanetti, recalcó que “nuestra labor es defender a todas las personas que lo necesiten sin distinción alguna, sin importar la nacionalidad de ellos, garantizando siempre la calidad de la defensa”.

ACUERDO CHILE-BOLIVIA Precisamente en torno a este tema existe un convenio de transferencia de personas condenadas entre ambas naciones, por lo cual el Cónsul de Bolivia y el Defensor Regional se comprometieron a ponerlo en práctica cuando los procesos pertinentes hayan finalizado.

Se trata de un instrumento jurídico suscrito por Chile y Bolivia en 2004, que tiene por finalidad contribuir a la rehabilitación social de los ciudadanos condenados en una de las dos naciones y que pidan voluntariamente cumplir la pena en su país de origen. En este caso, “condenado” se refiere a toda persona que cumpla una pena consistente en privación de libertad en virtud de una sentencia firme.

Las etapas de tramitación se inician cuando se recibe formalmente una  solicitud escrita del imputado, quien luego es entrevistado por el defensor, para darle a conocer de forma detallada los alcances y efectos del tratado y el compromiso de la institución de entregar su petición e informar su estado de avance.

Las solicitudes de traslado y las respuestas se formulan -en el caso de Bolivia- a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el caso de Chile, a través del Ministerio de Justicia.

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