Sala de Prensa

04/01/2010

Consejo de la Sociedad Civil debate sobre autonomía de la Defensoría

En la ocasión se resolvió que la instancia compuesta por distintos representantes de organismos e instituciones con participación en temáticas de interés institucional, plasmarán sus argumentos en una declaración oficial del Consejo como una forma de respaldar social y políticamente.

La pertinencia de la autonomía de la Defensoría Penal Pública fue el tema de análisis que reunió al Consejo de la Sociedad Civil en su primera sesión de trabajo realizada el pasado 29 de diciembre.

Los participantes coincidieron en que el principal argumento a favor es que la autonomía frente al Ejecutivo permitiría a la Defensoría transformarse en un actor relevante en las materias propias de las políticas criminales aportando experiencia e informes técnicos con la independencia necesaria para hacer un análisis crítico del sistema.

Otra de las materias que inciden en la necesidad de dotar de autonomía a la institución es la  imparcialidad que ésta debe tener frente a casos que afectan los intereses particulares del Estado  y que impidan que un defensor pueda desarrollar la misma línea de defensa que llevaría a cabo  un abogado particular en defensa de su cliente. Si bien esta situación a la fecha no se ha producido, la no independencia de la institución sí ha despertado suspicacias ante los defendidos, especialmente en casos que han afectado a mapuches.

Finalmente los asistentes Lucía Dammert, directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso; Sebastián Cox, presidente de la Corporación Forja; Nicolás Espejo, representante de UNICEF; y Pablo Egenau, director ejecutivo de la Fundación Paréntesis, entre otros, llegaron a la conclusión de la importancia de plasmar estos argumentos en una declaración oficial del Consejo como una forma de respaldar social y políticamente.

La iniciativa, que denominaron como una “fuerza argumentaría testimonial colectiva para democratizar a la justicia”, busca que bajo la autonomía se aplique una correcta interpretación a las normas y los principios que inspiran un sistema adversarial, en la cual se aplique la “igualdad de armas”, buscando equiparar a la Defensoría con el Ministerio Público en el ámbito del proceso.

Cabe recordar que el Consejo original está integrado por Francisca Werth, directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana; Lucía Dammert, directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso; Cristián Riego, director ejecutivo del CEJA; Sebastián Cox, presidente de la Corporación Forja; José Luis Guzmán, abogado y académico de la Universidad de Valparaíso; Nicolás Espejo, representante de UNICEF; Olga Espinoza, coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del CESC; Rodrigo Delaveau, jefe del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo; Valeria Aldana, representante de GTZ; Pilar Aspillaga, representante del Colegio de Abogados; Consuelo Fernández, representante de Pro-Bono, y Pablo Egenau, director ejecutivo de la Fundación Paréntesis.

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