Sala de Prensa

25/02/2010

Defensor penitenciario obtiene nuevo logro para el proyecto piloto de la DPP en la Cuarta Región

Abogado Pablo Conejeros obtuvo un abono de 525 días a favor de un recluso que cumple condena de ocho años en el Centro de Detención Preventiva de Ovalle. Hasta ahora, de 15 solicitudes de abono presentadas, nueve han sido acogidas y otras tres tienen audiencia programada para marzo próximo.

Pese a que F.B.Q. cumple actualmente una condena a ocho años de presidio por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ovalle, tiene motivos para estar contento: gracias a las gestiones del abogado Pablo Conejeros Muñoz -defensor penitenciario del proyecto piloto que la Defensoría Penal Pública desarrolla en las cárceles de la Cuarta Región-, el Tribunal de Garantía de esa ciudad acogió el pasado 17 de febrero una petición para abonar un total de 525 días de cumplimiento de pena al recluso. La medida se basó en privaciones previas de libertad que afectaron al beneficiado, relacionadas con dos causas por delitos similares en las que se vio involucrado: una en la que cumplió 228 días de prisión preventiva y que terminó por una decisión del Ministerio Público de no perseverar, y otra en la que cumplió otros 297 días de prisión preventiva, pese a que el proceso terminó con una sentencia absolutoria de la Corte de Apelaciones de La Serena. Dada la dificultad que usualmente existe para que las instancias judiciales reconozcan abonos como éstos, se trata de un gran logro, aumentado en este caso porque por primera vez el tribunal respectivo aceptó abonar días de cumplimiento relacionados con una causa previa al inicio de la reforma procesal penal, iniciada originalmente en el Tercer Juzgado del Crimen de Ovalle. La historia más reciente de este caso se remonta al 3 de junio pasado, cuando el abogado Conejeros se entrevistó con F.B.Q., quien “manifestó su deseo de que se abonara al cumplimiento de su actual condena unos meses en los cuales estuvo en prisión preventiva y fue absuelto, manifestándome que ya le habían negado el abono”, explica el defensor penitenciario. A partir de ahí, el abogado inició una serie de gestiones, que incluyeron concurrir al Archivo Judicial para desarchivar la causa del sistema antiguo y obtener las copias de sentencias y luego los certificados que acreditaban las privaciones de libertad que efectivamente había cumplido su cliente.

ABONOS Y OTROS LOGROS Así llegó, entonces, el momento de la audiencia. Pablo Conejeros cuenta que tras exponer sus argumentos, “el Ministerio Público no se opuso” a los abonos y que “el juez acogió la reparación por justicia material, manifestando que para él éste es el modo de reparar estas privaciones de libertad innecesarias e injustas”. Lo más rescatable de todo es que no se trata de un logro aislado, porque desde el inicio de este proyecto piloto de defensa penitenciaria –financiado con el apoyo de la agencia española de cooperación para el desarrollo (AECID)-, en abril del año pasado, los abogados de la Defensoría Penitenciaria han presentado 15 solicitudes de abono, de las cuales nueve han sido acogidas por la justicia, mientras que existen otras tres audiencias calendarizadas para marzo próximo, en las cuales se espera obtener tan buenos resultados como en éstas. Alicia Salinero,  abogada del Departamento de Estudios de la DPP y encargada del proyecto piloto, se mostró muy satisfecha con este logro, porque explicó que según los criterios usuales vigentes en las Cortes de Apelaciones e incluso en la Corte Suprema, “habría sido improbable lograr este resultado”. “En el sistema actual, a diferencia del sistema antiguo, no existe una norma que expresamente regule el abono de prisiones preventivas provenientes de causas distintas de aquella a la cual se va a abonar. Entonces, se recurre a interpretaciones de disposiciones procesales y penales, y a principios de justicia y equidad para resolverlos”. Aún así, no es fácil obtener los abonos, pues en los hechos se han ido restringiendo cada vez más, por la vía de requisitos cada vez más exigentes fijados por la Corte Suprema: “Por ejemplo y según criterios jurisprudenciales, para poder realizar un abono hoy es necesario que la causa de la que proviene la prisión preventiva y la causa a la cual aquella se va a abonar no sólo sean cercanas en el tiempo, sino que hayan tenido la posibilidad de una tramitación conjunta. Por la celeridad de los procedimientos penales actuales, esta exigencia es muy difícil de cumplir, cuestión que no debiera pasar inadvertida para los jueces”, explica Salinero. Por lo mismo, para ella este logro más reciente sólo “demuestra la importancia de que los condenados privados de libertad cuenten con una defensa mientras cumplen su condena, porque eso les permite obtener resultados como éstos, que de otra manera serían muy difíciles de conseguir, para resguardar derechos fundamentales como la libertad personal”, concluyó.

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