Sala de Prensa

23/04/2007

En Cuenta Pública: Defensor Nacional llama la atención sobre aplicación de penas anticipadas

Eduardo Sepúlveda Crerar resaltó que muchas personas antes de ser absueltas o liberadas por decisión de los Fiscales han sido encarceladas.

También resaltó que su institución superó el umbral del medio millón de imputados atendidos y se encuentra en desarrollo el Octavo llamado a licitación para la incorporación de defensores penales públicos.

El Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda Crear, afirmó que es inquietante que numerosas personas que han sido absueltas, han estado previamente encarceladas, por cuanto se estarían generando prácticas que se intentó erradicar a través del nuevo sistema procesal penal, como fue la aplicación de penas anticipadas a través de la prisión preventiva cuando no se contaba con las pruebas suficientes para condenar.

Sepúlveda rindió cuenta de la gestión realizada por la Defensoría Penal Pública, en un acto realizado esta mañana en el auditorio de la institución, ubicado en el Centro de Justicia de Santiago, con participación de autoridades, entre ellos, el Ministro de Justicia, Carlos Maldonado; el Fiscal Nacional, Guillermo Piedrabuena; la subsecretaria de Justicia, Verónica Baraona; el Director de Policía de Investigaciones, Arturo Herrera; el subsecretario de Investigaciones, Ricardo Navarrete y Defensores Regionales.

Acentuó en que el trabajo de la organización, que se encuentra instalada en todo Chile y atiende en alrededor de 80 oficinas públicas y numerosas privadas, ha permitido que ninguna persona haya quedado sin defensa penal profesional cuando la ha necesitado.

Acentuó en que durante 2006, la Defensoría gestó en el desempeño de sus tareas más de 29 mil 932 millones de pesos, lo que se tradujo en la atención de más de 201 mil personas imputadas de crimen, delito o falta. Indicó que las cifras históricas indican que en febrero de este año la Defensoría superó el medio millón de personas atendidas.

Señaló que el 82 por ciento de los imputados ingresados el año pasado a la Defensoría recibió atención gratuita, en razón de sus condiciones socioeconómjicas vulnerables.

Para el año 2007, la Defensoría cuenta con sobre 32 mil 421 millones de pesos, lo que le ha permitido convocar al 8° llamado a licitación de abogados dispuestos a entregar defensa penal. El Defensor resaltó que al término de este año se contará con 435 abogados provenientes del mundo privado que se encargarán de más del 70 por ciento de las causas que ingresan a la Defensoría. El resto estará a cargo de los 145 defensores penales públicos que integran la institución.

Cabe hacer notar que el servicio que presta la Defensoría se extiende más allá de la actuación en Tribunales. De hecho, el año pasado los defensores penales públicos desarrollaron 1 millón 143 mil gestiones de diverso tipo a favor de los imputados.

En materia de delitos ingresados a la Defensoría, Eduardo Sepúlveda destacó que la puesta en vigencia de nuevas normas sobre violencia intrafamiliar significó que el delito con mayor grado de ocurrencia fuera el de las lesiones (15,7%), seguido por el de hurto (14,7%), que anteriormente era el de mayor registro y los delitos relacionados con la Ley de Tránsito (10,8%).

Dijo que la eficiencia del Sistema de Justicia Criminal Adversarial existente en el país se verifica en el hecho que el 87,6% de los imputados atendidos por la Defensoría desde sus inicios tenían sus causas concluidas al finalizar diciembre de 2006. Asimismo, de las causas ingresadas el año pasado el 73,8% terminó durante el mismo año.

Entre las particularidades que se ha apreciado en el desarrollo de los procesos, Eduardo Sepúlveda destacó el hecho de que, tanto en procedimiento abreviado como en juicio oral, los fiscales solicitan, en prácticamente un tercio de los casos, penas superiores a las que realmente se dictarán posteriormente.

Asimismo, acentuó en las medidas cautelares, que se han aplicado históricamente a más del 30% de los imputados que ingresan a la Defensoría Penal Pública. "Hemos constatado -dijo- que los tribunales están empleando las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva introducidas por el nuevo sistema, pero los niveles de aplicación son aún bajos, pues se sigue recurriendo de manera considerable al encarcelamiento".

Señaló que si bien uno de los puntos importantes logrados por la reforma procesal penal ha sido la disminución de los tiempos en prisión preventiva, "igual nos preocupa que siga siendo alto su uso".

Indicó que la mayor parte de los imputados permanece en prisión preventiva por un período inferior a 3 meses (55% el año 2006), pero, "con todo, nos parece significativo constatar que, en el año 2006, de un total de mil 341 imputados absueltos, 285 habían sido sometidos a prisión preventiva previamente".

Asimismo, de 592 personas absueltas en juicio oral, el 43,4% había estado en prisión preventiva.

"A ello hay que sumar -dijo- que hay otros cientos de personas que, luego de haber estado en prisión preventiva, fueron dejadas en libertad porque los fiscales determinaron no perseverar con los procesos".

Por ello, resaltó, "nos inquieta que estas cifras indiquen que se estén generando prácticas que se intentó erradicar del antiguo sistema procesal penal, como fue la aplicación de penas anticipadas a través de la prisión preventiva cuando no se contaba con las pruebas suficientes para condenar".

El Defensor Nacional también acentuó en el hecho de que su institución se ha preparado a conciencia para enfrentar la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a partir de junio próximo, pero señaló que ella requiere la comprensión de todos los actores de que el sistema funcionará en la medida en que sea aplicado con un espíritu protector de derechos y rehabilitador antes que represivo. En especial, subrayó, esperamos que la especialización de los diversos actores tenga clara consideración de que "las penas privativas de libertad para los adolescentes deben aplicarse de manera excepcional y como último recurso".

Puntualizó que, "particular responsabilidad les cabe a los fiscales del Ministerio Público en la orientación definitiva que tome el nuevo sistema, más aún considerando que, como todo órgano del Estado, está sometido a los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño, que privilegia la reinserción social por sobre el mero castigo".

Sepúlveda también planteó que, sin perjuicio de que la Defensoría logró una evaluación del 100 por ciento en todos los instrumentos que tiene el Estado para controlar a los servicios, es necesario que todos los actores tengan los mismos sistemas de medición, porque de lo contrario se desvirtúa el sistema procesal penal.

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