Sala de Prensa

23/04/2007

Defensoría Penal: el ejercicio de dar cuenta

Este trabajo permite apreciar que los propósitos del nuevo Sistema de Justicia Criminal Adversarial están dando los frutos esperados (Columna publicada en La Nación)

Eduardo Sepúlveda Crerar, Defensor Nacional.

Un instrumento generado a raíz del proceso de modernización de la administración del Estado, a fin de dar mayor transparencia a su misión, es la entrega de cuentas públicas sobre la labor de los servicios. En el caso de la Defensoría Penal Pública, cumplimos esta obligación anualmente, en ceremonias a nivel nacional y luego en cada región. A ellas invitamos a los participantes del Sistema de Justicia Criminal Adversarial y a los medios de comunicación. Más aún, para la difusión a la ciudadanía incorporamos todos los antecedentes a nuestra página web: www.dpp.cl.

En este documento informamos en qué hemos ocupado los recursos asignados por el Estado -superiores a los 30 mil millones de pesos-, cómo los hemos gestionado, el tipo de atención brindado a los usuarios y de qué modo hemos mejorado el servicio de defensa penal que ofrecemos. Es un ejercicio que cumplimos con seriedad y que constituye una autoevaluación, que siempre conlleva desafíos de perfeccionamiento. La Defensoría Penal Pública es un servicio destinado a dar atención a toda persona imputada por el Ministerio Público de un crimen, un delito o una falta ante los tribunales. No podemos hacer discriminación de ninguna especie y damos cobertura de calidad desde el inicio hasta el término del procedimiento generado en contra de cualquier involucrado.

Para cumplir nuestra misión, hemos constituido una comunidad multidisciplinaria de profesionales de alta vocación, en particular de defensores penales públicos (abogados de la defensoría y otros que contratamos mediante periódicos llamados a licitación). Éstos deben cumplir de manera obligatoria exigentes estándares de calidad, que son controlados con exámenes habilitantes, auditorías externas e inspecciones de equipos especializados. Incluso, realizamos encuestas de satisfacción entre usuarios. En 2006, período que contempla nuestra cuenta nacional, entregamos defensa penal a más de 201 mil imputados o imputadas en todo el territorio nacional. Alrededor de 82% de ellos quedó exento de pago por este servicio debido a sus condiciones socio-económicas de vulnerabilidad. El resto ha tenido que cancelar a la Tesorería General de la República un precio que dependió, básicamente, de su nivel de ingresos.

El trabajo de la Defensoría Penal Pública permite apreciar que los propósitos del nuevo Sistema de Justicia Criminal Adversarial están dando los frutos esperados. Es más transparente, porque los juicios son públicos. Es más eficiente y oportuno, por cuanto la mayor parte de las causas se resuelven con velocidad. De las causas ingresadas a la defensoría el año pasado, 73,8% terminó durante el mismo período. Los datos históricos permiten destacar que 87,6% de todos los imputados atendidos por la defensoría desde su creación tenían sus causas concluidas al finalizar diciembre de 2006. Y el sistema también protege de mejor modo los derechos de las partes. En el caso de los imputados, tienen la certeza de que hay una institución estatal, la nuestra, que hace realidad la afirmación de que "sin defensa, no hay justicia", que está en la esencia de un Estado de derecho.

Las distintas evaluaciones de gestión que realiza el Ejecutivo nos muestran que hemos tenido un buen año. Pero no nos conformamos. Por eso, la cuenta pública del Defensor Nacional nos encuentra desarrollando un activo trabajo de planificación estratégica, destinado a mejorar de forma continua la calidad de nuestros servicios, porque nos hemos comprometido a que cada día la Defensa Penal Pública sea la más óptima a la que aspire cualquier ciudadano o ciudadana enfrentado/a al duro trance de una acusación ante la justicia criminal.

  • subir
  • imprimir
  • volver