Sala de Prensa

22/04/2010

Persecución penal legítima

Columna del Defensor Regional de Antofagasta, Pedro Casanueva. El Mercurio de Antofagasta, 21 de abril de 2010.

La creación de un registro propio de detenidos y la central autónoma de intervención telefónica, sumado al rechazo a una posible auditoría externa no pueden dejar de inquietar. En un Estado de Derecho el empoderamiento  de instrumentos  operativos al Ministerio Público resulta altamente inconveniente. 

El diseño de esta institución en Chile se basa en la necesidad de un control civil sobre las actuaciones de investigación de los organismos policiales. El Ministerio Público debe, y lamentablemente no siempre lo hace, ser el primer filtro de control de legalidad de las actuaciones policiales y denunciar  las irregularidades y/o atropellos que algunos funcionarios puedan cometer  en el desarrollo de una investigación. No deben esperar  que sea el defensor quien en una audiencia ante un juez de garantía tenga que expresar lo evidente, que el imputado ha sido golpeado más allá de toda explicación de razonabilidad. Esto lo hemos conocido personalmente y por ello lo afirmamos responsablemente.

A dónde apuntan estas medidas, acaso dejar al organismo fuera de la posibilidad  de que la sociedad pueda efectuar un serio escrutinio sobre sus procedimientos o transformar al  Ministerio Público en organismo investigador  por excelencia y desplazar el rol técnico de las policías. Se sueña acaso por algunos que lleguen a  usar armas, uniformes y que puedan detener directamente sin orden judicial. Todo esto va más allá de la ley y de la propia Constitución. Es hora de estar atentos, en aras de la seguridad ciudadana se han olvidado normas absolutamente vigentes. Cómo se explican los controles masivos de identidad en barrios y sectores populares en circunstancias que la norma lo faculta sólo en determinados supuestos y requisitos para su aplicación. Pueden quinientas o mil personas estar al mismo tiempo en situación de tener que ser controladas. Se está dando la espalda  a la ley lisa y llanamente.

Que no se diga que  nos oponemos a cualquier medida destinada al combate eficiente contra la delincuencia. Nos oponemos a aquellas decisiones que paulatinamente merman el Estado de Derecho y reduciendo el ámbito de las garantías de todos los ciudadanos; de usted, de su vecino, de su hijo, de su amigo.

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