Sala de Prensa

04/05/2010

Detenciones arbitrarias (2)

La siguiente carta al director, escrita por el Defensor Regional Metropolitano Norte, fue publicada hoy por el diario El Mercurio.

Señor director:

El derecho penal de autor es una de las visiones más lamentables que ha tenido la historia, porque se ha usado para justificar bajo el disfraz de la legalidad las más injustas persecuciones de gente inocente. Su fin es castigar a personas no por las conductas ilícitas que cometan, sino por el sólo hecho de pertenecer a un grupo determinado.

En esta línea es que en carta anterior argumenté jurídicamente la improcedencia de la interpretación del artículo 147 del Código Penal  que el Ministerio Público está haciendo respecto de los cuidadores de autos. Sin embargo, la posterior réplica del Sr. Manuel Blanco, con afirmaciones al margen del debate penal, merece algunas aclaraciones. No he planteado ninguna protección especial para nadie, sino que sólo se respete a todos las garantías consagradas en la Constitución.

Por supuesto que el que cometa un delito debe ser castigado. Pero pretender clasificar como sospechosos de ser delincuentes a todos los que practican un oficio, por modesto que sea, es tan burdo como pretender atribuir algo así a los integrantes de una raza, credo, partido político o gremio. No sólo la cesantía, sino también el gran número de robos a autos estacionados –cuyos autores todos queremos que sean sancionados- es lo que ha hecho proliferar la actividad de cuidadores de autos.

Hay mucha gente de trabajo que deja sus automóviles todo el día en la calle, con la tranquilidad de que su cuidador de siempre está presente. Esto no es una visión intelectual de la legalidad, sino eminentemente práctica. Respecto de la analogía con Arizona, de promulgarse la ley anti inmigración, cualquiera de los casi 2 millones de habitantes de aspecto latino deberá soportar a diario que la policía la intercepte para pedirle sus documentos por si, en una de esas, sorprenden a un indocumentado.

Si los hispano parlantes avecindados están reclamando contra esta arbitrariedad, es porque con esto pasarán a ser ciudadanos de segunda clase. A alguien podrá parecerle bien ese modo de proceder del Estado respecto de parte de sus ciudadanos, pero ética y jurídicamente eso constituye un  retroceso decimonónico. Y como defensor, debo defender los derechos de toda persona que lo necesite, sea médico, obrero, juez, ingeniero, latino, nórdico, fiscal, cesante, menor de edad, abogado o cuidador de autos.

Los miles de chilenos que se han visto envueltos, justa o injustamente, en delitos y que han sido defendidos por un defensor penal público pueden dar fe de ello. Leonardo Moreno Holman, Defensor Penal Metropolitano Norte.

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