Sala de Prensa

05/05/2010

¡Aló, con el fiscal!

Columna del Defensor Regional de Magallanes, Juan Vivar, publicada en el Diario Electrónico de la Patagonia de Radio Polar (www.radiopolar.com).

¿Se puede imaginar un Magallanes orwelliano, donde una oreja invisible y secreta sea capaz de inmiscuirse, sin orden judicial mediante, en la intimidad de nuestras conversaciones telefónicas, como un gran oído que todo lo escucha y que el contenido de estos diálogos sean medios probatorios para perseguirnos penalmente?

Esa imagen, más propia de filmes tipo Metrópoli o 1984, dejaría de ser una ficción cinematográfica de la Sala de Estrella de Punta Arenas para materializarse en realidad, si se autoriza a la fiscalía el uso de interceptaciones telefónicas propias sin ningún tipo de control judicial.

Como Defensoría Penal Pública, nos parece expansiva y poco prudente esta nueva técnica de persecución penal, por cuanto en ella está en juego el derecho a la intimidad de las personas, considerando que, tal como ocurre hoy, para ser legales estas interceptaciones deben ser solicitadas por el fiscal con antecedentes fundados, las autoriza el juez de garantía y las materializa la policía y no la fiscalía. Dichos controles le permiten al propio fiscal contar con pruebas lícitas, no viciadas,  en un eventual juicio.

Por ende, no se pueden justificar comunicacionalmente las escuchas telefónicas con la necesidad de seguridad ciudadana, ni menos extrapolar el dicho popular: “quién nada hace, nada teme”, con: “quién nada habla, nada teme”. De lo que se trata es que sin autorización de un juez de la república ningún organismo puede escuchar qué digo, cuándo lo digo, cómo lo digo y a quién se lo digo. 

De lo contrario, deberíamos educar desde la más tierna infancia a nuestra población para que cuando llamen o contesten, ya sea un teléfono fijo o celular, lo primero que deberían decir es: ¡Aló, con el fiscal!

Afortunadamente para las garantías y el derecho a la intimidad que tenemos, hay parlamentarios que se han mostrado reticentes al tema de las interceptaciones telefónicas. Es de esperar, entonces, que los congresales no las aprueben en el parlamento, por las graves consecuencias que afectarían a los ciudadanos de este país.

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