Sala de Prensa

05/05/2010

Autonomía, un imperativo actual

La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional de Antofagasta, fue publicada hoy por el diario El Mercurio de esa ciudad.

La reforma al sistema procesal penal siempre consideró que sus principales actores debían tener un suficiente aseguramiento de atribuciones y de independencia en su labor. Es así como se dota de autonomía constitucional al Ministerio Público. Esta misma idea existió en su momento, y era de toda lógica, respecto de la Defensoría Penal Pública. Sin embargo, por diversas razones, entre las cuales se menciona la necesidad de contar a la brevedad con un organismo que efectuare el necesario equilibrio o contrapeso con el ente persecutor, aceleró la dictación de una ley que crea la  Defensoría Penal Pública como un servicio público, descentralizado y dependiente de la Presidencia de la República. 

Al cabo de un tiempo se pretendió corregir –pero sólo en parte- esta situación de dependencia con el poder ejecutivo, dotando a las Defensorías Regionales de una especie de autonomía técnica, dejándolas por mandato de la ley fuera de la posibilidad de ser fiscalizadas, supervisadas o coordinadas en su labor por las autoridades regionales. Por esta vía se pretendió –creemos- enfrentar la frágil posición de una institución que en el marco del sistema de justicia criminal tenía y tiene que interactuar con instituciones  que gozan de autonomía.

Ya han transcurrido varios años desde el inicio del actual sistema de enjuiciamiento criminal. Los argumentos de la premura y de la necesidad de poner en marcha la más importante reforma al sistema de justicia en Chile ya no son justificación para mantener esta situación tan anómala. Hoy es un imperativo propio de un estado moderno asegurar a la ciudadanía que sus derechos serán defendidos por una institución dotada de profesionales idóneos y capacitados, amparada por un estatuto jurídico que asegure su más absoluta independencia y autonomía respecto de cualquier poder del Estado.

De esta forma se tendrá un actor que con absoluta libertad podrá también entregar lo mejor de sus conocimientos y experiencias en el debate de la política criminal en Chile.

Sin lugar a dudas, la autonomía de la Defensoría Penal Pública es hoy en día una exigencia para una efectiva consolidación de la reforma procesal penal y para el fortalecimiento del sistema democrático en Chile.

Por Pedro Casanueva Werlinger, Defensor Regional de Antofagasta.

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