Sala de Prensa

17/05/2010

El derecho a ser tratado como inocente

La siguiente columna de opinión, escrita por el defensor local jefe de Talca, Joaquín García, fue publicada por diario El Centro de esa ciudad.

La presunción de inocencia o el derecho que tiene toda persona a ser tratada como inocente hasta que no se comprueba lo contrario es una garantía establecida en nuestro ordenamiento jurídico y que favorece a todos quienes habitamos el territorio nacional.

Esta garantía, algunas veces ignorada consciente o inconscientemente por nuestra sociedad, ha adquirido en los últimos días una relevancia especial que nos debe llamar a la reflexión. Hemos sido testigos de cómo se ha invocado esta garantía, dado el carácter de  acusados, olvidando que ella ampara a todos las personas, no importando su condición social, económica y menos su preeminencia.

En efecto, en los últimos días se ha informado profusamente en distintos medios de comunicación  en torno a las acusaciones de que han sido objeto un importante miembro de la Iglesia Católica y un conocido deportista, las que son materia de investigación por parte del Ministerio Público. Al analizar el contexto de las declaraciones que piden el respeto a la citada garantía, preocupa que no exista la misma conducta frente a otras investigaciones  -formalizadas o no-  que desarrolla la Fiscalía y que involucran a ciudadanos sin nexos y redes sociales. 

En efecto, cotidianamente somos perplejos observadores de la absoluta falta de respeto por las garantías y derechos de las personas comunes y corrientes, que puedan impedir juzgamientos realizados por medios que no son los que corresponden, efectuados  con enorme difusión mediática, de manera  anticipada, emitiendo conclusiones categóricas y generalmente exentas de fundamento. Se trata de un juzgamiento público, muchas veces a partir de escasos antecedentes surgidos al inicio de la investigación judicial.

Lo más grave de todo,  sin embargo, es que derechos, garantías y protecciones establecidos a favor de todas las personas, como la citada presunción de inocencia, el tribunal imparcial, el juicio justo, la igualdad de armas y otras de similar naturaleza, son desconocidas, ignoradas e irrespetadas incluso por personeros - algunos de ellos abogados -  que son los llamados a instalar en la cultura de nuestra población estos conceptos, propios de todo país que tenga pretensiones de erigirse en un estado de derecho, y por personas que intervienen en las investigaciones y que están obligadas a mantener reserva de los pormenores de éstas, ya que  toman conocimiento  de ellas en razón de su función.

Así,  hemos presenciado el despropósito  que investigaciones que no están terminadas sean exhibidas en programas de televisión en los que se muestra a personas que en casos ni siquiera terminan siendo formalizados, se vulnera la privacidad de sus hogares, se violenta su intimidad,  todo ello con el silencio de la sociedad y de las instancias que deben resguardar la corrección de esos procedimientos.

Conviene, pues, reiterar que toda persona tiene derecho a ser tratado como inocente mientras no sea condenado por una sentencia firme, dictada por un tribunal imparcial, en el marco de un juicio que  sea  resultado de una investigación objetiva y en los cuales –investigación y juicio– se le garantiza la defensa a través de un abogado (que debe ser aportado por el Estado si el imputado carece de éste).

Todo lo anterior se contrapone diametralmente con un juicio público, anticipado y popular, desarrollado a través de los medios de comunicación, al que ciertamente nadie quiere verse sometido.

Los hechos que hemos conocido a partir de estos caso y de otros, con disímil tratamiento, nos deben llamar a reflexionar y a procurar instalar un cambio de actitud en relación a las personas que están involucradas en una investigación,  considerándolas y otorgándoles  siempre trato de inocentes. Nadie está exento de ello.

Por Joaquín García Reveco, Defensor Local Jefe de Talca.

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