Sala de Prensa

24/06/2010

El escudo de inocencia

La siguiente columna de opinión, escrita por la Defensora Nacional, fue publicada ayer por el diario La Tercera.

Cristián López Rocha no olvidará nunca estos días. Nosotros tampoco. Ha pasado de ser el “violador de Ñuñoa o la bicicleta” a ser una nueva víctima de los excesos en la exhibición amarillista de la delincuencia y de la negligencia en el respeto por la presunción de inocencia y los cuidados que ella requiere.

Afortunadamente para él, en este caso existía la posibilidad de realizar una prueba de ADN que lo eximiera de responsabilidad, desvirtuando una imputación que se había basado exclusivamente en reconocimientos que se habían dado por 100 por ciento positivos.

Los reconocimientos por las víctimas o testigos en rueda de sospechosos o por sets fotográficos son poco fiables per se, entre otras razones, por las especiales condiciones en que se encuentran quienes han presenciado o vivido la comisión de un delito. Es por ello que como diligencias investigativas deben estar sujetas a un estricto protocolo de realización, con pasos a seguir estandarizados y uniformes, públicos y posibles de contrastar, para verificar que cumplan con exigencias de calidad necesarias para servir como elemento de convicción.

Pero no basta -en el caso de los reconocimientos- con el cumplimiento de ciertos estándares mínimos de verosimilitud, sino que es imprescindible que existan, y se haga exigencias de ellos, otros medios de prueba que permitan incriminar a una persona como partícipe responsable de un delito.

Estas exigencias probatorias que permitan la destrucción del escudo de inocencia que nos protege a rodos los ciudadanos y que asigna al Ministerio Público y sus órganos colaboradores, las policías, la obligación de probar sus imputaciones es una carga que supone entregar responsable y rigurosamente a los jueces antecedentes que les permitan una convicción más allá de toda duda razonable.

La necesidad de equilibrios en el sistema, con una defensa que actúe como resguardo de las garantías de todas las personas y no de los “delincuentes”, se visibiliza en casos como este pero es permanente y condición de justicia.

Por Paula Vial Reynal, Defensora Nacional.

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