Sala de Prensa

01/07/2010

Licitación para Defensoría

La siguiente columna de opinión, escrita por el asesor jurídico de la Defensoría Regional de Valparaíso, fue publicada por el diario El Mercurio del puerto.

La Defensoría Penal Pública no defiende delincuentes, sino personas a quienes se atribuye algún grado de participación en un delito determinado. Esta realidad, aparentemente extraña o ajena a nuestra tradición cultural y política, es propia e inherente a todo Estado de derecho liberal y democrático, en que las garantías individuales de los ciudadanos son escrupulosamente observadas y respetadas, particularmente cuando se produce un conflicto o tensión entre alguna de ellas y el aparato del poder público.

Es por ello un indicio de madurez republicana el hecho que una sociedad como la chilena disponga de una institución pública cuya función es representar judicialmente a todo aquel que, careciendo de abogado, sea imputado o acusado por un crimen, simple delito o falta.

Para dar satisfacción a las necesidades de defensa penal pública, la ley ha establecido un régimen mixto, integrado por defensores institucionales que tienen la calidad de  funcionarios públicos y abogados que, proviniendo del sector privado, han resultado adjudicados al término de un proceso de licitación pública.

Este procedimiento concursal es regulado por bases administrativas y técnicas cuya elaboración compete al Consejo de Licitaciones, órgano que en fecha reciente decidió introducir un conjunto de ajustes y modificaciones, cuya inspiración y propósito es contribuir a un creciente y sostenido mejoramiento de la calidad del servicio de defensa y a una adecuada y oportuna cobertura del mismo.

Con ese objetivo se licitará un porcentaje de las defensas necesarias en cada zona y no un número fijo de casos, con lo cual se procura enfrentar las posibles fluctuaciones del volumen de demanda  originalmente proyectada. 

Por otra parte, el actual sistema de pago por causa terminada será sustituido por un pago mensual por la prestación de la defensa. 

En lo que concierne a la idoneidad técnica de los prestadores, se han establecido estándares más exigentes y rigurosos en la selección de los abogados que participen de los futuros procesos licitatorios, lo cual permitirá conseguir un mejor equilibrio entre la experiencia forense y la calificación profesional.

Asimismo, se reconocerá la buena gestión profesional y administrativa de los operadores, a través de incentivos económicos que premiarán a quienes acrediten mejores atributos y mayores grados de eficiencia en el ejercicio de las funciones de defensa, conforme al resultado obtenido de un conjunto de indicadores de calidad.

En fin, las nuevas bases de licitación de defensa, actualmente en trámite de aprobación en la Contraloría General de la República, pretenden convertirse en un efectivo aporte a la continua tarea de modernización del Estado de Chile.

Por Claudio Fainé Monardes, asesor jurídico Defensoría Regional de Valparaíso.

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