Sala de Prensa

06/07/2010

Presos de la injusticia (*)

Marcelo Ravanales pasó más de un año de su vida recluido por una violación que exámenes de laboratorio corroboraron que jamás ocurrió. Su caso, como el de violador de Ñuñoa, no son únicos. En rigor, sólo el año pasado más de 600 personas permanecieron en prisión preventiva antes de ser declaradas inocentes.

(*) El siguiente reportaje, escrito por la periodista Cristina Espinoza para el diario La Nación, fue publicado hoy en ese periódico.

Marcelo Ravanales (37 años, a la izquierda en las fotografías) puede decir con propiedad que Cristián López (36), quien permaneció cinco días encarcelado acusado de ser el “violador de Ñuñoa”, tuvo la “suerte” de salir en los medios y gritar su inocencia; la presión mediática hizo que los resultados de su examen de ADN estuvieran rápidamente y demostraron que él no era el sujeto que la policía buscaba. Ravanales no tuvo la misma cobertura. Sólo el diario comunal Puente Alto al Día llevó una nota donde lo sindicaba como “el violador de una menor de 3 años”, supuesto delito por el que permaneció 13 meses en prisión preventiva antes de que en el juicio oral, realizado en marzo de este año, fuera absuelto tras demostrarse que el delito jamás existió. En febrero de 2009, una vecina lo acusó de violar a su hija de 3 años y 11 meses, quien había estado en casa de Ravanales, jugando con su hijo menor, también de 3 años. Desde entonces, una serie de procedimientos mal realizados lo mantuvieron en el módulo 37 de la cárcel Santiago Uno, destinado a procesados por delitos sexuales. La presunta víctima había sido encontrada por su madre sin pantalones ni ropa interior y manchada por sus necesidades biológicas. La mujer lo encaró, sin que éste lograra darle una respuesta que la convenciera de por qué su hija estaba así. “Siguió insistiendo y yo no tenía otra que decirle que no lo sabía. Hasta que en algún momento le dije: ‘bueno, qué es lo que está insinuando’ y ella me dice que creía que yo había violado a su hija. Le dije que ‘si cree que yo la violé, vaya al hospital para que la revisen, porque yo no le he hecho nada’”, cuenta Ravanales. En el Hospital Sótero del Río constataron que la niña no tenía lesiones, sólo diarrea, pero por protocolo la derivaron al Servicio Médico Legal (SML), donde fueron citados al día siguiente. En todo el período, la niña no fue aseada, para evitar perder evidencia, y las declaraciones -tanto de la madre como de una funcionaria de Carabineros- indican que un líquido blanquecino corría por las piernas de la niña, lo que presumían era semen. No obstante, los resultados de los exámenes señalaron que la menor no estaba desflorada y lo único anormal era un enrojecimiento anal, aunque no atribuible a una penetración. Como consta en la transcripción de la audiencia, los peritos que participaron de los análisis a la niña señalaron que las lesiones concordaban con el cuadro diarreico. Ninguna de las evidencias biológicas mostró componentes genéticos masculinos y la menor nunca mencionó que el acusado la hubiese atacado en ninguna de las pericias sicológicas realizadas. “Declararon que aquí ni siquiera había existido delito”, afirma Juan Pablo Gómez, defensor público. Pero ¿por qué tardaron más de un año en demostrarlo? ¿Qué pasó con las pruebas de ADN? Según el defensor, fue una descoordinación de la fiscalía. “Que en 13 meses el fiscal no haya conversado con el perito del SML es insólito. Llegamos al juicio con el informe del SML con pruebas no compatibles con violación, sino con las de una niña que minutos antes del examen se rasca el potito”, afirma.

JUSTICIA BUROCRÁTICA Dos meses después de ser detenido se tomaron las muestras de sangre de Ravanales para realizar el examen de ADN. Los resultados -dependientes del SML- tardaron ocho meses en llegar. Luis López, jefe del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), explica que una prueba de ADN tarda en estar lista entre 5 a 7 días, “dependiendo de la calidad de la muestra”. Los procesos más largos son los que involucran huesos". “Generalmente cuando llega evidencia biológica hablamos de 45 días, en que llega y se despacha junto al informe. Hay informes que son más urgentes y que podemos hacer más rápido, depende de la connotación pública que tenga el caso, hay que sacar otros que están y ponerlo en primer lugar”, dice, lo que va en desmedro del resto de los exámenes que tardarán aún más. Hugo Jorquera, especialista en genética forense y director técnico de Biogenetics -laboratorio privado de exámenes genéticos-, explica que el tiempo que demore una prueba de ADN en arrojar resultados depende del tipo de examen (paternidad-identidad) y la calidad de la muestra, pero puede ser 4 a 5 días hábiles, una semana, máximo, con informe incluido. Un examen de paternidad, por ejemplo, con muestras que se obtienen directamente, puede estar listo en 24 horas. “Los exámenes de ADN toman un tiempo que está casi como inflado. Todos los pasos que haces podrías tenerlos listos, si comienzas trabajando en la mañana, al final de la tarde, no más que eso. No va a ser algo de mejor calidad si me tomo una semana para hacerlo”, dice Jorquera. “Aunque hay que considerar que los organismos públicos trabajan con cerca de 20 pruebas a la vez. Tener que extraer una muestra de una tela podría tardar algo más el proceso, aunque no más de dos días”, añade Jorquera. ABANDONADO La madrugada luego de que Marcelo Ravanales fuera acusado de violación, y luego de que los padres de la menor volvieran a casa sin que su hija fuera analizada en el SML, ellos alentaron a los vecinos para atacar su casa y auto. Para defenderse, el acusado llamó a Carabineros, que dispersó a la gente, pero todo empeoró cuando les dijeron que adentro había un violador, por lo que lo sacaron esposado y trasladado hasta una comisaría, incluso sin orden de detención. Ravanales cuenta que estando en el calabozo fue golpeado y obligado a desnudarse e incluso fue expuesto a quienes entraban a la comisaría como “un violador de niños”. Sólo estando ahí llegó una orden de detención emanada por fiscalía, fue llevado a una audiencia de formalización de cargos donde el fiscal pidió prisión preventiva por delito de violación, pues el examen del SML señalaba que la niña tenía un “eritema en el ano” (enrojecimiento), que podría haber sido producido por un objeto contuso. Entonces, el perito que la analizó no sabía que la niña estaba con diarrea. “Me enviaron al módulo 37, donde están los presos por delitos sexuales, ahí tuve que convivir con ellos por 13 meses, donde hay violadores verdaderamente culpables, pero también inocentes. Yo creo que el sistema judicial es tan imperfecto que no soy una excepción a la regla. Hay mucha gente acá que está presa siendo inocente, yo tuve la suerte de salir absuelto, pero hay mucha que debe estar cumpliendo penas de 5-10 años por abusos sexuales que no son posibles de comprobar científicamente”, dice Ravanales. El año pasado, según cifras de Defensoría Nacional, el 22 por ciento de los procesados que cumplieron prisión preventiva fueron absueltos cuando se demostró su inocencia (639 personas). Entremedio, muchos perdieron trabajo, familia y su honor. “Da impotencia que nadie te escucha y que quieres decirle al mundo que eres inocente, pero sientes el prejuicio social, como que si estás preso ya eres un violador y se cierran todas las puertas. No prevalece el derecho de la presunta inocencia”, dice Ravanales.

DEFENSA VITAL La evidencia científica no es la única que influye en que un inocente se salve de la cárcel, la defensa es clave y por eso el nuevo sistema penal incluyó defensores públicos, para que ningún acusado se quede sin abogado. Marcela Fajardo, directora ejecutiva de Pro Bono, organización que agrupa a abogados que realizan trabajo gratuito a sectores vulnerables, afirma que el antiguo sistema era peor, pues quienes no podían acceder a defensa pagada corrían el riesgo de ser condenados sin un juicio justo, como ocurrió con el caso del puente La Calchona, en que un grupo de jóvenes fue encarcelado por matar a una mujer en Talca. “El sistema anterior era un desastre, deben haber cometido muchos errores, que no se han vuelto a investigar”, sostiene Fajardo. Víctor Osses, José Alfredo Soto y Juan Manuel Contreras fueron absueltos tras 5 años en la cárcel, por lo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) los indemnizó con una pensión vitalicia de 300 mil pesos mensuales, sólo después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviniera. Ganar un juicio contra el Estado por error judicial es casi imposible, aún más si la prisión era preventiva y no condena. Ravanales no está seguro de lo que su defensa pedirá como retribución por el daño del error judicial. A casi tres meses de salir de la cárcel, está tratando de empezar su vida desde cero, consiguiendo un trabajo y viendo a sus hijos los fines de semana. La relación con su mujer se terminó mientras estaba en la cárcel, aunque ella asegura que siempre confió en él. “Que me retribuyan en parte el daño que me hicieron, a mí, a mi familia y a todo mi entorno, no solamente soy yo el que sufrió”, dice. De la familia de la niña no espera nada, “lo que espero es que los profesionales, que tienen el deber de hacer justicia, que son gente preparada, ellos sí tienen que reconocer el error, pedirme disculpas y hacer alguna reparación”.

ARCHIVO DE ADN La evidencia criminal analizada por la PDI sólo es guardada mientras se realizan los peritajes de la fiscalía requiera. El Ministerio Público puede solicitarlos cuantas veces lo requiera, pero en la PDI aclaran que no son los encargados de conservar estas pruebas mientras dure el juicio. “Los resultados los recibe el fiscal, hasta ahí llega nuestra participación con la evidencia, eso depende después del transcurso de la investigación. Si necesita hacer otra prueba tiene que volver a remitirse”, cuenta Luis López, jefe del Lacrim. López explica que hay pruebas que por su tamaño se eliminan con la pericia, como una gota de sangre que se destruye al analizarla. Los huesos, la ropa se conservan aún después del análisis, porque pueden ser periciados por otra especialidad. El problema es que en Chile existe una base que tiene sólo la información genética de los procesados. “Si yo encuentro muestra genética en ropa íntima y hay un imputado, se le toman muestras al imputado y una vez que se tengan resultados se hace la comparación y el resultado va a decir si le corresponden a él”, explica López. Si el resultado es negativo se busca en el registro de huella genética, pero si la muestra pertenece a alguien que nunca ha sido procesado, es imposible saber a quién corresponde. Como sucedió con el caso del “Sicópata del Pincel”, donde se encontraron colillas con ADN de dos personas que nunca fueron identificadas.

PRESENTARÁN PROYECTO DE LEY La Constitución de 1980 (Art. 19 Nº 7, letra i) establece que sólo quienes son procesados o condenados en forma errónea o arbitraria tienen derecho a ser indemnizados por el Estado, excluyendo a quienes son detenidos o cumplen prisión preventiva por error. Para acceder a dicha enmienda hay que recurrir a la Corte Suprema y los tribunales civiles, y para que una resolución sea considerada “injustificadamente errónea o arbitraria”, la misma Corte debe determinar que lo es. En Chile sólo se ha logrado indemnizar cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido. Desde 1992, el Congreso ha generado siete mociones que intentan modificar el artículo 19, sin que hasta ahora hayan prosperado. Este fin de semana el diputado Gonzalo Uriarte (UDI) se reunió con Cristián López -detenido por ser el supuesto violador de Ñuñoa- para presentarle un proyecto -patrocinado también por su par, Felipe Salaberry- para flexibilizar la ley y lograr que víctima sea compensada más rápido.

PROYECTO INOCENCIA James Bain, un afroamericano del estado de Florida (EE.UU.), tenía 19 años cuando fue acusado de secuestrar y violar a un niño de 9, por lo que en 1974 fue condenado a cadena perpetua. Tras 35 años encarcelado, a fines del año pasado un examen de ADN demostró su inocencia. Bain es, según The Innocence Project (Proyecto Inocencia), organización de Estados Unidos que se encarga de demostrar la inocencia de personas erróneamente condenadas a través del uso de pruebas de ADN, la persona que ha permanecido más tiempo en la cárcel por error. Pero no es la única. Desde su fundación, en 1992, han logrado exonerar a cerca 250 personas en Estados Unidos, el 70 por ciento pertenecía a alguna minoría. Cada año reciben más de 3 mil cartas de condenados o sus familiares que piden ayuda para demostrar su inocencia. Como sus reinvestigaciones tardan hasta ocho años, se descartan aquellas solicitudes en aquellas en que ya no sea posible volver a realizar pruebas de ADN, decisión tomada por el equipo de abogados y coordinadores que trabajan en la institución. “Si el caso no supone una evidencia biológica o ADN, tenemos que decir que no y referirlos a visitar sitios web de distintas organizaciones para ver si hay un programa que ofrezca asistencia legal e investigativa más amplia”, explica Alana Salzberg, vocera de la organización, quien reconoce que mantienen 300 casos activos y una red de 52 proyectos en Estados Unidos y otros nueve internacionales, entre Australia, Inglaterra, Canadá y Nueva Zelandia.   Por Cristina Espinoza, diario La Nación.

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