Sala de Prensa

12/08/2010

Las oportunidades del indulto

La siguiente columna de opinión, escrita por la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal, fue publicada hoy por el semanario The Clinic.

La realidad carcelaria se ha movido siempre entre el mito y la realidad, entre la denuncia y el secreto, entre el horror y la complacencia.

Y la apreciación de muchos fluctúa tanto como el imaginario. Que son cárceles de lujo para delincuentes que no las merecen. Que son infiernos terrenales y escuelas del delito. Que son espacios imprescindibles para el logro de la seguridad.  

La reciente propuesta de indulto de condenados en el año del Bicentenario, presentada por la Iglesia Católica y luego por la Evangélica, y la respuesta del Presidente de la República, ha puesto en el debate una materia urgente y siempre pendiente. La necesidad de una reforma profunda a las cárceles, mejorando las condiciones de los presos y de los gendarmes, dirigiendo los esfuerzos a la posibilidad de alcanzar objetivos de rehabilitación y de reinserción de sus habitantes.

Las cárceles son consideradas por muchos como verdaderos depósitos de basura, en los que acumulamos lo que estimamos es lo peor de la sociedad. Suena fuerte, lo sé. Pero no es sino la verbalización de nuestros pensamientos y la expresión de nuestras actitudes.

Progresivamente hemos ido llenando nuestras cárceles hasta abarrotarlas, satisfechos por el logro eficiente de disminuir la delincuencia y poner tras las rejas a los victimarios, olvidando a los seres humanos que abandonamos detrás de sus muros.

El esfuerzo por desarrollar estrategias públicas de mayor seguridad, que endurezcan un sistema de prevención y persecución penal, debe ser equilibrado precisamente con políticas que privilegien las oportunidades de enmendar el camino para los infractores y que aseguren su dignidad, limitando el castigo a la pérdida de la libertad, asegurando espacios y recursos para el trabajo de la rehabilitación.   ¿De qué nos sirve encarcelar a quienes cometen delitos, alejándolos de la vista –y la conciencia- de la comunidad, si luego tendrán que volver a la sociedad, sin nuevas herramientas ni oportunidades y muchas veces más dañados que al entrar?

La demanda ciudadana por justicia retributiva, que sancione drásticamente a quienes han victimizado a otros, debe tener como contrapartida una solución que desde el respeto por las garantías busca darle sentido a la aplicación de las penas.  

Estoy segura de que en un ejercicio de reflexión, si lográramos cambiar la mirada, sería posible esperar otra actitud de la sociedad. Con espanto nos daríamos cuenta de que estamos esperando poco más que venganza del sistema de justicia penal. Claro que queremos justicia, claro que queremos que quienes han afectado a víctimas paguen por sus delitos.

Pero también queremos ser una sociedad que se precie y se destaque por su humanismo a toda prueba, por la garantía permanente que entrega a todos sus miembros de respeto por la dignidad y por los derechos humanos, por la generación de segundas oportunidades con recursos adecuados y metas rehabilitadoras claras.

La justicia penitenciaria, aquella que se ocupa de los derechos y deberes durante la etapa de cumplimiento de las penas, es un pendiente en el contexto de los avances que supuso la reforma procesal penal en la justicia criminal.

No tenemos juez de ejecución penitenciaria o autoridad equivalente que resuelva los conflictos que se pueden generar en este tiempo y las afectaciones de derechos, los abusos, las solicitudes de beneficios intrapenitenciarios u otros son afrontados y resueltos por la administración, en general, de manera discrecional y críptica.

No existe regulación en el rango que corresponde, por la afectación de derechos que supone, de las cuestiones penitenciarias: qué derechos, qué beneficios, qué restricciones y obligaciones deben considerarse para los condenados y cómo darles materialidad. No tenemos un debido proceso en esta etapa ni un defensor penitenciario que garantice a todas las personas que sus derechos serán respetados a todo evento.

Hoy tenemos el desafío de extender la garantía del derecho a defensa, de orden constitucional, hasta el término del cumplimiento de la pena, asegurando el necesario equilibrio con la autoridad penitenciaria. En esta dirección, desde el año pasado la Defensoría ha estado desarrollando un piloto penitenciario en la Región de Coquimbo, dirigido a mejorar las condiciones carcelarias de los condenados, en la defensa de sus derechos hasta el término de sus penas.

Es necesario dar una vuelta de tuerca a esta realidad y recuperar la necesidad de sentido de la pena. La privación de libertad debe tener una finalidad, más allá de la invisibilización del enemigo, en una ecuación que reditúa socialmente.

Nos sale a cuenta invertir en los condenados. Cada persona que es alcanzada por la decisión justa que orienta en el recto actuar, que entrega alternativas de conducta ajustada a la norma y oportunidades de reinserción, es un logro democrático que integra a quien se había desviado y que nos distingue como una sociedad de futuro.

Por Paula Vial Reynal, Defensora Nacional.

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