Sala de Prensa

09/09/2010

La justicia juvenil del tricentenario

La siguiente columna de opinión, escrita por la Defensora Nacional, fue publicada hoy por el semanario The Clinic.

Decía Miguelito arengando a la multitud de sus amigos: “Los cuentos para chicos no están escritos por chicos, sino por gente grande”. Y la multitud infantil, liderada por Mafalda, respondía a coro: “¡¡Es una vergüenza!!”. Seguía el orador “¡Tampoco los juguetes, ni las golosinas, ni la ropa, ni nada de lo que es para nosotros está hecho por nosotros, sino por gente grande!”, recibiendo como respuesta la contundencia de que “¡Comercian con nosotros!”. “¿Por qué tenemos que seguir aguantando esto?”, se pregunta el agitador y escucha a su público enardecido responder: “¡Eso! ¿Por qué?” “Sencillamente porque tampoco nosotros estamos hechos por nosotros, sino por gente grande. ¡Pucha digo!”, culmina para desilusión de su audiencia, que se aleja desconcertada. Y cierra con un frustrado: “Demasiado sincero para ser líder”.   Hoy podríamos agregar que tampoco las reglas que los rigen y los ordenan están hechas por niños y adolescentes, pero lo que es más grave, tampoco los consideran en plenitud.

El trasfondo de un reclamo como este es que los adultos que resolvemos sobre su destino y su futuro desconocemos su mundo, su realidad, sus características y tomamos decisiones definitorias sin hacer el esfuerzo de fondo de empatía con sus intereses y sus necesidades. Prueba de ello es la justicia juvenil, en la que no hemos hecho otra cosa que considerarla una justicia de mayores atenuada.

Los admitimos en el mundo adulto de la responsabilidad penal sin entregarles herramientas ni soluciones adecuadas y les negamos el espacio suficiente de intervención y decisión de sus propios asuntos.

Hacemos un escándalo y gran parafernalia de sus errores y excesos, sin considerar a quiénes estamos juzgando y cómo hemos fallado nosotros en pavimentar adecuadamente su camino. Al horror que nos provoca la “delincuencia juvenil” no le equilibramos el espanto que debiera ocasionarnos el no darles una educación como se merecen ni oportunidades que la impidan.

Cada joven infractor es un fracaso de toda la sociedad y hay que asumir esa responsabilidad. Una sociedad de la prevención es el desafío del próximo centenario, una que ante un caso de violencia juvenil se movilice y levante la voz para promover su reinserción social más que su aislamiento definitivo. Un país que entienda que si un niño de 10 ó 12 años comete un delito, nos enfrentamos a un fracaso y, en consecuencia, a una responsabilidad colectiva, y que no se resuelve con propuestas simplonas de rebajar la edad para castigarlos penalmente, en una muestra de descarada hipocresía social que esquiva enfrentar las verdaderas causas de estos hechos que involucran a niños.

Qué reproche más injusto que el que se hace a una juventud “desaforada” a la que sólo damos señales equívocas. Es un deber de la próxima centuria trabajar para que cada vez menos adolescentes tengan que recurrir al delito para satisfacer sus necesidades o descargar su frustración frente a la falta de oportunidades sociales. Debemos construir un Chile que aspire a que en unos años se tengan que cerrar cárceles para adolescentes por estar en desuso.

A 20 años de entrar en vigencia en Chile la Convención de Derechos del Niño, es conveniente recordar que se han dictado una serie de normas que buscan hacer realidad las garantías allí establecidas, como -por mencionar algunas- la ley de filiación, la abolición del trabajo de menores de 15 años, la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta 12 años de escolaridad y la que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.

Esta última normativa impone una justicia “a escala juvenil” donde todos los partícipes estén especializados y no una proyección pobre de la justicia de adultos, como aún es buena parte de nuestro sistema de responsabilidad penal adolescente.

Esta apuesta tiene muchos temas pendientes aún, que deben ser desafíos en el inicio del próximo centenario. No puede ser que estableciendo con mayor énfasis aún que para los adultos, la excepcionalidad de la privación de libertad sea la regla general para los adolescentes y tengamos que hacernos cargo de realidades como que todos los jóvenes detenidos sean pasados a control de detención en lugar de quedar citados a audiencia o, peor aún, que más del 70 por ciento de los jóvenes que han estado en internación provisoria sean luego condenados a una pena no privativa de libertad, en caso de ser condenados.

Absurda paradoja que deja en libertad, en la sentencia, a quienes se ha tenido presos previamente como un triste remedo de la sanción anticipada del antiguo sistema procesal. Es un tema pendiente también una justicia que respete intransigentemente los derechos de los jóvenes, que sancione los abusos policiales y los malos tratos, y que garantice que a cada adolescente se le asegurará su derecho a la educación cuando esté privado de libertad. Nos debemos una justicia que no permita que niños estén acusados por una ley antiterrorista que no respeta el debido proceso.

Debe ser una provocación (esperanza) del tricentenario encontrarnos con una justicia que promueva la reparación a la víctima y la reinserción del ofensor más que el castigo inútil de un adolescente.

Dice muy bien nuestro querido e inspirado Miguelito: “La vida no debiera echarlo a uno de la niñez sin antes conseguirle un buen puesto en la juventud”.

Por Paula Vial Reynal, Defensora Nacional.

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