Sala de Prensa

23/09/2010

Defensores disconformes por arraigo nacional contra imputados por caída de edificio en Constitución

Jaime Venegas Valenzuela y Paulo Albornoz Avilez, abogados de la Defensoría Regional del Maule, defienden a cinco de las doce personas que fueron formalizadas el pasado miércoles en Constitución.

Los defensores penales públicos que representan a cinco de los doce imputados que –el pasado miércoles- fueron formalizados por cuasidelito de homicidio tras el desplome de los edificios emplazados en el Cerro O’Higgins en la ciudad de Constitución, durante la madrugada del 27 de febrero pasado, manifestaron su disconformidad por la aplicación de la medida cautelar de arraigo nacional contra sus defendidos, dictaminada por el juez de garantía de esa ciudad, Esteban Inostroza.

Los imputados fueron formalizados por el Ministerio Público en una audiencia celebrada en Constitución y durante la cual se solicitó la medida de firma mensual y arraigo nacional. Los abogados querellantes pidieron al magistrado -entre otras medidas-, prohibición de comunicación entre los imputados, su eliminación de los registros públicos como contratistas y, en el caso de los funcionarios públicos, la prohibición de que ejerzan sus cargos.

Tras dos horas de audiencia y luego de escuchar a los intervinientes, el magistrado  decretó como medida cautelar la prohibición de salir del país para los imputados. Además, fijó un plazo de investigación de seis meses y para hacer efectiva la facultad del artículo 320 del Código Procesal Penal, autorizó a que dentro de  tres meses la defensa solicite y ejecute peritajes sobre los inmuebles siniestrados y prohibió demoler o intervenir los edificios.

Los defensores públicos Jaime Venegas Valenzuela y Paulo Albornoz Avilez, quienes representan a los profesionales del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule y al ingeniero calculista de la obra, manifestaron que no existen antecedentes de investigación que permitan sostener la participación culpable de sus clientes en los hechos, reafirmando de paso que las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia.

Los hechos se remontan al 27 de febrero pasado, cuando producto del terremoto que afectó al país, dos bloques de departamentos cedieron, aplastando a ocho personas que habitaban en el primer piso de las edificaciones. El Ministerio Público inició una investigación para determinar las responsabilidades de los contratistas que ejecutaron las obras y de los funcionarios públicos que tenían a su cargo fiscalizar las obras.

Esta es la primera formalización que ocurre en el país por el desplome de un edificio en el contexto del mega sismo y tsunami de febrero último, y que involucra a profesionales vinculados al sector de la construcción y a funcionarios públicos.

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