Sala de Prensa

28/09/2010

Realizan seminario sobre ejecución de sanciones en la justicia penal juvenil

La Defensoría participó activamente en este espacio, destinado a debatir sobre los aciertos y errores del sistema, a tres años de vigencia de la respectiva ley.

Luego de tres años de vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) y como una forma de evaluar el funcionamiento del sistema de justicia juvenil, el Ministerio de Justicia –con la colaboración de la Defensoría Penal Pública- efectuó ayer el seminario “Ley N° 20.084, Ejecución de Sanciones”, dirigido a jueces y colaboradores del Sename, responsables de la ejecución de sanciones tanto en el medio libre como en el cerrado. La actividad –a la que asistieron la Subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez Goldberg; la Defensora Nacional, Paula Vial Reynal; el director nacional del Sename, Francisco Estrada, y la directora de la Fundación Paz Ciudadana, Javiera Blanco, entre otros invitados- respondió a una iniciativa del Departamento de Menores de la División de Defensa Social del Ministerio de Justicia. Katherine Ríos, abogada de esa repartición, explicó que para este año se organizaron tres seminarios en total, uno relativo al tema de la responsabilidad penal adolescente y dos sobre el área de protección de derechos. “Para el primero se eligió el tema de ejecución de sanciones, porque ya han transcurrido tres años de vigencia de la LRPA y ya hemos tocado los temas de la tipificación de delitos o de la aplicación de la ley, pero no de la etapa de ejecución, pese a que ya existe un número bastante grande de chicos condenados por la ley. Entendemos que es acá donde debemos hacer hincapié en este minuto”, señaló.

FOCO CORRECTO El seminario comenzó con dos pequeñas intervenciones de la Subsecretaria de Justicia y de la Defensora Nacional, respectivamente. Patricia Pérez celebró la idea de poner el foco en la ejecución de sanciones y rescató la preocupación permanente de su Cartera para que este tema “tenga hoy una visibilidad mayor, que exige también una reflexión más profunda, que tiene que ver con los fines de la sanción penal aplicada al joven. El costo de imponer una sanción, por la afectación de derechos que implica, sólo se justifica en la medida que esa pena se oriente en la práctica a una responsabilización del joven que busque su reintegración social”. A su turno, Paula Vial destacó la realización del seminario como un espacio ideal para debatir una temática “fundamental” para la Defensoría. “Si la apuesta de la DPP fue desarrollar programas especializados de defensa juvenil, que respondieran a los objetivos y a las finalidades establecidas en la LRPA, sentimos que es una materia en la que hemos aprobado con excelencia. Pero creemos que este es un espacio donde todavía existe todo por hacer y que son desafíos que nos impone el propio sistema, pues la LRPA nos obliga a revisar cómo se está aplicando la sanción”, aseguró.

EXPOSITORES La jornada –a la que asistieron varios abogados de la Unidad de Defensa Penal Juvenil de la DPP- comenzó con la exposición del abogado costarricense Carlos Tiffer Sotomayor (foto interior), experto en temas de justicia juvenil, sobre “Leyes de Ejecución Penal: la experiencia de Costa Rica”. Más tarde, los investigadores Carolina Viano e Iván Fuenzalida, del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, mostraron las principales conclusiones y propuestas del estudio “Evaluación de las Medidas y Sanciones que se Ejecutan en el Medio Libre del Sistema de Justicia Juvenil”. Entre otras cosas, el estudio mostró que si bien con la Ley N° 20.084 se pretendía construir un sistema equilibrado, eficiente y que cautelara los derechos y garantías de los jóvenes, la tramitación del proyecto “alteró este equilibrio, al ampliar las conductas punibles y aumentar la severidad de las sanciones”. También reflejó que existe duplicidad entre medidas y sanciones, que los actores del sistema perciben de modo distinto la finalidad de los programas orientados a la reinserción, que los vínculos entre estos programas y el sistema judicial son adecuados -aunque hay deficiencias en el intercambio de información- y que la mayoría de los casos son atendidos “por actores no capacitados o no especializados en el tema, porque el sistema privilegia la cobertura más que la dedicación”. Los expertos propusieron una serie de medidas para corregir estas falencias, como promover reformas legislativas “para perfeccionar el diseño del sistema de sanciones, haciéndose cargo de las deficiencias que afectan la labor jurisdiccional” o para “armonizar elementos de justicia restaurativa y potenciar formas de reparación accesibles”, entre otras ideas. Finalmente, el seminario concluyó con una ponencia del abogado de la UDP Miguel Cillero (“Análisis de Aspectos Normativos y de Implementación de la Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para Adolescentes en Chile”) y con las palabras de cierre del director nacional del Sename, Francisco Estrada.

 

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