Sala de Prensa

18/10/2010

A nueve años de la reforma procesal penal en el Maule

La siguiente columna de opinión, escrita por el Defensor Regional del Maule, fue publicada hoy en el diario El Centro de esa ciudad.

El próximo 16 de octubre, la Región del Maule conmemorará un nuevo aniversario del inicio de la reforma procesal penal en este espacio del territorio chileno. Sin duda, un hecho importante para el país.

En efecto, dicha reforma puso en marcha no sólo nuevos procedimientos y plazos legales establecidos a través de ajustes a las respectivas normas, sino que también creó nuevas instituciones. Surgieron así juzgados de garantía, tribunales de juicio oral en lo penal, el Ministerio Público -como organismo persecutor de los delitos- y la Defensoría Penal Pública, institución destinada a prestar defensa  penal de calidad a toda persona que lo requiera.

Además, las policías –Carabineros e Investigaciones- y Gendarmería debieron reorientar sus procedimientos en función del nuevo modelo. Un cambio de magnitud como es posible apreciar y en el que le correspondió amplia participación a todos los poderes del Estado y a la sociedad organizada.

A nueve años de la implementación de tan relevante cambio en el sistema de justicia criminal, es posible concluir que más allá de temas puntuales o miradas críticas respecto del sistema aplicado, esta nueva justicia penal tiene muchos elementos que destacar y que la sociedad chilena, en su conjunto, y las personas en particular han sido los principales beneficiados con la aplicación de la reforma procesal penal.

Hay una ganancia social objetiva con la aplicación de este nuevo sistema. Ello queda en evidencia por el carácter público de las audiencias en cada tribunal  y el principio de transparencia con el cual opera el sistema. Hoy, toda persona que así lo desee puede asistir a una audiencia para conocer un determinado caso o ver el desempeño de los intervinientes: jueces, fiscales y defensores, situación que el modelo anterior no permitía. Sumado a lo anterior, se han establecido mecanismos para que víctimas e imputados puedan ser atendidos frente a sus requerimientos.

En el caso de las personas imputadas -que nos corresponde atender según nuestra misión institucional-, velamos porque sus derechos no sean vulnerados, y, en el caso de corresponder, que la sanción que debe aplicarse sea proporcional al daño causado. También tratamos de defender y resguardar el principio de inocencia al que toda persona tiene derecho, materia importante cuando los casos investigados tienen una alta connotación pública.

Ciertamente, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la justicia penal en la actualidad convive con nosotros cada día y se ha constituido en un tema relevante en la agenda de los medios, por las cualidades antes indicadas.

Por cierto, hay cosas que mejorar, pero también es posible evidenciar que los distintos actores, en el ámbito de sus competencias, buscan constantemente el perfeccionamiento de un sistema que está próximo a cumplir una década. En este sentido, es pertinente resaltar el esfuerzo realizado por el poder judicial para reducir sustantivamente los tiempos en la agenda de juicios orales en Talca.

Sin embargo, aún existen materias pendientes que son parte de las preocupaciones de la Defensoría Penal Pública. Una de ellas, la más urgente,  es el hacinamiento de nuestras cárceles, situación agravada por el terremoto del 27 de febrero, que afecta a las personas privadas de libertad sin importar su condición procesal. 

Con todo, estimamos que la reforma procesal penal ha sido una real contribución al estado de derecho democrático y una gran ganancia social para el país y las personas que habitamos este territorio.

Hernán Fuentes Acevedo, Defensor Regional del Maule.

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