Sala de Prensa

12/11/2010

Actores del sistema penal evalúan los diez años de la reforma procesal

La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales organizó un congreso internacional para analizar críticamente este proceso. En los distintos paneles de discusión intervienen jueces, fiscales, defensores, abogados, académicos y estudiantes.

Tal como lo explicaron sus organizadores, con el objetivo de “discutir, evaluar y proyectar” la reforma procesal penal a diez años de su puesta en marcha en el país, la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales se encuentra desarrollando un congreso internacional que involucra a los principales actores del sistema de justicia penal, es decir el poder judicial, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, entre otros.

El encuentro -que cuenta con el apoyo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la Embajada de Canadá y la Fundación Paz Ciudadana- reúne desde el pasado miércoles a magistrados, fiscales, defensores públicos, académicos y estudiantes de derecho –entre otros asistentes-, quienes participan de las charlas y posteriores debates en distintos paneles temáticos, integrados por 30 expositores chilenos y extranjeros.

Por ejemplo, el abogado Jorge Bofill, el Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno, y la presidenta de la Asociación de Fiscales, Patricia Muñoz, participaron en la mesa redonda principal de la mañana de ayer, titulada “Reformas a la reforma procesal penal: ¿contrarreforma o perfeccionamiento?”.

BUENA EVALUACIÓN TRANSVERSAL La bienvenida oficial a los participantes estuvo a cargo del decano de derecho de la UDP, Juan Enrique Vargas; el presidente (S) de la Corte Suprema, Nibaldo Segura; la Defensora Nacional, Paula Vial, y el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. Cada uno de ellos, desde sus respectivas ópticas institucionales, valoró la ejecución de esta reforma como una de las modernizaciones más importantes impulsadas por el Estado de Chile en los últimos cien años y llamaron la atención sobre los temas respecto de los cuales aún hace falta avanzar para mejorar el sistema.

Juan Enrique Vargas, por ejemplo, agradeció la realización de este congreso como “un esfuerzo serio de reflexión, crítica y debate” sobre los logros y temas pendientes de la reforma, al tiempo que destacó el rol de la UDP tanto en la generación de este proceso de cambio como en su desarrollo en esta década de historia.

“Desde el rol académico, jugamos un rol esencial que permitió generar un diagnóstico crítico sobre el sistema legal vigente en los años ’90 y luego posicionar la necesidad de un cambio estructural y paradigmático de éste”, señaló.

LOGROS Y CAMBIOS PENDIENTES Al comentar los hitos de la reforma, la Defensora Nacional reconoció a la reforma como un “esfuerzo histórico y transversal para lograr una revolución de la justicia” y destacó varias coincidencias que permitieron su puesta en marcha, como que logró aunar a las distintas fuerzas políticas detrás de un objetivo común, generó un apoyo transversal en todos los actores, se puso en marcha con aportes multisectoriales y permitió desafiar a la sociedad con expectativas de desarrollo “muy altas”, que consideró cumplidas.

“La reforma tuvo una preparación muy particular para construir distintas miradas, tuvo una capacitación interinstitucional de los distintos actores, contó con los recursos adecuados, tuvo una aplicación gradual y por etapas –con análisis permanente y corrección de errores- y siempre ha contado con controles periódicos. Para la Defensoría esta es una oportunidad muy particular, porque marca también nuestro propio aniversario, en un momento en que estamos concentrados en la búsqueda de la calidad permanente en nuestras prestaciones, para hacer realidad la garantía estatal de defensa”, señaló Paula Vial.

En ese contexto, destacó los espacios de especialización que han ido ocupando los defensores públicos, mencionó varios logros institucionales recientes que apuntan en esa dirección -como la aprobación de los nuevos Estándares de Defensa de la DPP, del nuevo Código de Ética del Defensor Penal Público y del nuevo modelo de licitaciones de defensa penal- y llamó la atención sobre varios pendientes que consideró urgentes, entre ellos la aprobación de un nuevo Código Penal y el logro de la autonomía institucional para la DPP, a fin de cautelar su igualdad de armas frente a los otros actores del sistema penal.

ETAPA DE CONSOLIDACIÓN A su turno, el Fiscal Nacional compartió la positiva evaluación retrospectiva del proceso, compartió la necesidad de cambios pendientes como el de un nuevo Código Penal y, parafraseando el lema de la DPP (“Sin defensa no hay justicia”), aseguró entre risas que “sin Fiscalía no hay sistema”, como una forma de validar el rol cumplido por las distintas instituciones de la actual justicia chilena.

Luego, explicó que la Fiscalía vive una etapa de consolidación, en que busca –entre otros objetivos- no sólo dirigir investigaciones, sino focalizar y especializar su acción, al tiempo de mejorar su atención a las víctimas de delitos, en la medida en que cuenten con las condiciones para lograrlo. “Creemos que el sistema procesal actual satisface las necesidades de eficiencia y de garantías del debido proceso, pero hemos visto un aumento muy significativo del ingreso de causas, que entre 2005 y 2009 crecieron un 80 por ciento, de modo que estamos produciendo al límite de nuestra capacidad”, aseguró Sabas Chahuán.

Finalmente, el magistrado Nibaldo Segura resaltó el efecto de la reforma para mejorar las garantías de derechos de las personas y para demostrar que los jueces del país “eran capaces de adaptarse a un cambio de tal envergadura”, entre otros logros.

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