Sala de Prensa

15/11/2010

Delitos y presunción de inocencia

La siguiente columna de opinión, escrita por la Defensora Local Jefe de Talagante, fue publicada ayer domingo en el diario El Labrador de Melipilla.

La comunidad se ha visto estremecida por el caso de la muerte de dos mujeres a manos de una jauría de perros, tanto por la magnitud del hecho como por la forma en que lo ha abordado la prensa y –por cierto- las reacciones judiciales y de la Fiscalía en este asunto. Visto a partir de nuestras labores y como todo acontecimiento, existen al efecto dos dimensiones: la humana y la jurídico-profesional.

Desde una visión humana se trata de un hecho dramático y triste. Por ello, sean nuestras primeras líneas para solidarizar con el dolor de los familiares de las víctimas. Toda muerte nos estremece y siempre solidarizamos con los familiares de quienes la han padecido.   El sufrimiento no es ajeno a nuestra labor, pues nosotros defendemos –en la Defensoría Penal Pública- en el marco de un Estado de derecho democrático, a seres humanos y en definitiva a personas sometidas a algún tipo de imputación penal, que están padeciendo un momento amargo en sus vidas y en algunos casos, luego de un largo calvario, hemos logrado mostrar al mundo su inocencia, no pudiendo jamás reparar el daño producido a estas personas.

Por eso, sostenemos con la fuerza del derecho que los únicos llamados a calificar a los imputados –luego de un proceso de juzgamiento de fondo- como culpables de un delito son los tribunales de justicia. Lo demás es poesía barata y publicidad ilegítima. Muchas veces los jueces de garantía –sobre todo en localidades más bien rurales o alejadas de la urbe, como Talagante o Melipilla- olvidan el sentido de ser un tribunal que debe mirar con recelo toda medida privativa de libertad y toda vulneración a un derecho constitucional, pues de esta “desconfianza procesal” (que se destruye con pruebas y argumentos jurídicos) surge la tensión necesaria para que las resoluciones tengan el germen de legitimidad que se espera de ellas.

Los miembros de una sociedad se ven “a sí mismos” normalmente como potenciales víctimas, más que como posibles imputados. Frente a una imputación, nace de inmediato la opinión de condena. Sin embargo, en la realidad nos topamos con disímiles experiencias.

Nuestras oficinas, a veces, se llenan de personas que por una imprudencia o una falsa imputación están siendo objetos de una implacable persecución penal y claman justicia. Respecto de un número no despreciable de casos, obtenemos penas menores a las requeridas en un principio por la Fiscalía. En otros existen salidas alternativas y en algunas ocasiones obtenemos absoluciones o soluciones procesales donde no se ha vencido el principio de inocencia que protege y ampara a cualquier individuo, o sea, se reafirma también su inocencia.

Sólo quienes han padecido este drama pueden dar testimonio de lo relevante que significa tener a su lado a un letrado que les ha recobrado su fe en la justicia.

Hoy por hoy -en el caso del dueño de los perros visto en el Juzgado de Garantía de Talagante-, hemos sido invitados a un “proceso sui generis”, encabezado por una prensa ansiosa de mostrar a un victimario sin piedad y a unos intervinientes que han actuado más para esta exposición que para un proceso penal.

El sujeto imputado ha tenido de manera inmediata un juicio público y lapidario y, lo que es peor aún, se ha materializado una medida cautelar que nos parece absolutamente desproporcionada. Debemos por tanto tener prudencia frente a un caso que -humana y procesalmente hablando- es uno de los casos más dramáticos que han pasado en nuestra comuna.

Por Mitzi Jaña Fernández, Defensora Local Jefe de Talagante.

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