Sala de Prensa

01/12/2010

Las detenciones fantasmas

La siguiente columna de opinión, escrita por la Defensora Nacional, fue publicada en la última edición del semanario The Clinic.

Desde hace unos años, paulatinamente hemos ido resignando parte de nuestros derechos en pro de una seguridad que probablemente nos excede como necesidad. Chile es un país extraordinariamente seguro y nos hemos encargado, sistemáticamente, de hacer creer lo contrario. Interna y externamente. Y lo peor es que actuamos en consecuencia.

Cada cierto tiempo, cada vez más frecuentemente, escuchamos de detenciones masivas, de las que luego no tenemos más noticia. La espectacularidad del operativo se diluye luego de los flashes y no sabemos qué pasa con esas personas. Se realizan en lugares que son estigmatizados y que viven el peso de ser sindicados como focos de delincuencia y riesgo. Comunas de la zona sur de la capital o de su periferia, barrios bohemios o con agitada vida nocturna son objeto permanente de bulladas “redadas”, con decenas o a veces cientos de detenidos que luego ni siquiera llegan a control de detención.

Con destacable perseverancia nos hemos dedicado a convencer dentro y fuera del país que vivimos en una sociedad donde hay riesgo evidente de ser objeto de algún acto terrorista, sea a partir de los llamados casos bomba, del caso del ya famoso pakistaní o de las causas del conflicto mapuche-chileno. Y yo me pregunto, quién realmente piensa en su día a día que puede ser objeto de un atentado de esta especie, quién toma precauciones para evitarlo y protegerse. Pero luego nos extraña y alarma aparecer en un ranking internacional (1) ubicado en el lugar número 30 de los países con más riesgo de ser objeto de un atentado terrorista, sólo precedidos en la región por Colombia!

A partir del análisis del fenómeno del terrorismo y los atentados suicidas, resultan tan oportunas algunas de las palabras de Vargas Llosa, nuestro reciente y tan merecido premio Nobel de Literatura, al señalar que “las democracias van dejando de ser demócratas con el argumento de que la única manera de defender la libertad es conculcándola y dando pasos que las acercan cada día más a los regímenes autoritarios”.

Alarma pública que magnifica fenómenos que no experimentamos, generando una sensación difícil de revertir. Hace unos días apareció en un artículo del diario electrónico El Mostrador la historia de Paulo Alvarez, profesor de historia y alumno de un magister en Antropología, quien como vecino de La Legua ha sido detenido en tres ocasiones, “registrado y desnudado para comprobar que no tenía droga”, como él mismo relata en una presentación que realizó al Consejo de la Transparencia en búsqueda de información del Plan de Intervención en su comuna. Y la respuesta fue que ese plan no existe. Al menos oficialmente. Sin embargo, los conocemos por la prensa y desde luego el señor Alvarez por su experiencia. 

Con sucesivas modificaciones legislativas, y también operativas y de dotación, hemos ido aumentando las facultades de las policías, más intrusivas y con menos requisitos, y reduciendo consecuentemente nuestros espacios de libertad, de intimidad y de garantías.

Desde la desaparición de la detención por sospecha, que con tanto bombo dejamos atrás, hemos ido acercándonos cada día más a instituciones y regulaciones similares. Con la pretensión declarada de reforzar las tareas de investigación y prevención de las policías, hemos tolerado una sostenida reducción de nuestra esfera de derechos, sin control público del funcionamiento de estas instituciones ni cuenta de resultados.  

Celebramos las incursiones policiales, sin advertir que el próximo objetivo de ellas podríamos ser cualquiera de nosotros.

Es nuestro deber no sólo asegurar la tranquilidad de nuestra comunidad, sino contribuir a construir una realidad en la que la sensación de inseguridad no sea un fantasma que nos ronde.  (1): Índice de riesgo terrorista, de la consultora privada británica Maplecroft, que de un total de 196 países analizados, ubca a Chile en el lugar número 30, lo que supone un riesgo medio.

Por Paula Vial Reynal, Defensora Nacional.

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