Sala de Prensa

21/12/2010

Reforma incompleta

Columna de opinión escrita por el Defensor Regional de Los Lagos, Francisco Geisse, publicada hoy 21 por el diario El Llanquihue de Puerto Montt.

Este mes se cumplieron siete años del establecimiento de la Reforma Procesal Penal en nuestra Región y diez desde su inicio en Chile. La tragedia de la cárcel de San Miguel y sus repercusiones nos inhiben de celebraciones o declaraciones de complacencia con nuestro desempeño. Es más bien un momento de reflexión. La necesaria reforma a la justicia criminal se inició con el procedimiento penal, era la prioridad obvia, en él se expresaban con mayor fuerza las debilidades del sistema. El procedimiento inquisitivo fue reemplazado por un modelo que buscaba eficiencia y respeto a las garantías. En estos diez años ha experimentado diversas modificaciones legislativas, casi todas ellas destinadas a incrementar las atribuciones policiales o del Ministerio Público y facilitar la aplicación de la prisión preventiva, intentando mostrar eficiencia en la persecución, pero desdibujando la coherencia del sistema, focalizándose en temas accesorios.

Sin embargo, el balance aún es positivo. El paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, de uno secreto a uno público, de uno escrito a uno oral, constituyó una transformación radical.

Siempre existió la convicción -al menos entre los impulsores de la reforma- de que si bien este era un primer y trascendental paso, eran necesario otros, complementarios e indispensables, sin los cuales sus objetivos podían verse frustrados. Era necesario reformar el sistema de penas vigente y sus modalidades de ejecución. Se debía revisar el catálogo de penas y ampliar el de medidas alternativas; reformular la orgánica institucional de forma de implementar la ejecución de las penas en la perspectiva de la reinserción y, por supuesto, someterla al control jurisdiccional y permitir la sustitución durante su cumplimiento de penas privativas de libertad por alternativas. Pero sólo se ha avanzado en la ampliación de la capacidad carcelaria y en el establecimiento de un modelo penitenciario concesionado que bien merece una evaluación.

San Miguel ha transparentado las consecuencias de no haber continuado la transformación del sistema y de los efectos de reformas como la Agenda Corta. El previsible incremento de las condenas junto a otros factores alimentados por el clamor contra "la puerta giratoria" han casi duplicado la población penal en estos diez años. Las condiciones inhumanas de hacinamiento y la carencia de perspectivas de reinserción se han hecho visibles y al menos permiten una discusión sobre el tema.

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