Sala de Prensa

31/12/2010

Cárceles-Un necesario cambio de switch

Columna de opinión del Defensor Regional de Atacama, Francisco Nehme Carpanetti, publicada en el diario "Chañarcillo".

Con agradable sorpresa me enteré del comunicado público realizado por  la asociación de fiscales y magistrados de atacama repudiando el hacinamiento de las cárceles y las lamentables condiciones de vida de los internos, haciendo un enérgico llamado a la autoridad para que se agilizara la construcción de un nuevo recinto penitenciario para esta región. Así como también se han referido al tema otros personajes políticos o algunos líderes de opinión, a nivel regional y nacional, utilizando todos los medios de comunicación que nos brinda la tecnología hoy en día. Debemos concordar entonces que el tema presenta altos grados de sensibilidad sobre todo después de la tragedia lamentable pero previsible ocurrida en la cárcel de San Miguel, lo que ya es un paso importante. 

Es por esto que  me parece muy bien que ciertos actores tan estrechamente vinculados con el tema penitenciario, y que ordinariamente deben asumir la enorme responsabilidad de decidir  sobre la libertad de muchas personas, como son los fiscales del Ministerio Público y los Jueces del sistema procesal penal ( Jueces de Garantía y del Tribunal Oral en lo Penal)  se involucren directamente en estos temas, pues en definitiva son quienes solicitan, los primeros y resuelven los segundos,  sobre enviar o no a algunas personas a prisión  preventiva, y  sobre la aplicación de las condenas respecto de quien se le acuse de haber cometido algún delito, imponiendo  la cantidad de años que esa persona declarada culpable deberá permanecer en prisión.

Para ello la Ley le exige al fiscal que cuando plantee una solicitud de prisión preventiva o condena, lo haga sobre una propuesta objetiva, amparada en elementos obtenidos de una investigación con pleno respeto de la legalidad imperante, utilizando además  un criterio afín con la experiencia que el tiempo y su trabajo le entrega, para lo cual debe  hacer un buen uso de las herramientas que la propia Ley le entrega habida consideración del  poder que ostenta en razón del cargo que se le  ha investido.

Del mismo modo se exige que los jueces establezcan criterios cada vez mejores para ir fijando en la práctica, en la medida que la Ley se los permita, estándares más dificultosos y rigurosos  respecto de las solicitudes que formule el Fiscal y que una vez vencidos permitan privar de libertad a una persona. La regla general es la libertad de todos los ciudadanos sustentada en fuertes pilares como son la presunción de inocencia y el apego al debido proceso, que no son otra cosa que el respeto a ciertas garantías mínimas que cualquier estado democrático debiera reconocernos, dada nuestra condición de seres humanos; la excepción es la privación de libertad,  que debiera, como ya mencioné, ser decretada sólo en ciertos y determinados casos en que el Juez aprecie que se dan las condiciones fácticas y legales para poder aplicarla.

Se exigió una nueva cárcel para Copiapó, lo que comparto plenamente, pero con un criterio  especial pues creo firmemente que debemos trabajar (y así lo estamos haciendo)  en tratar de diseñar y construir  una cárcel  que responda a las características propias de nuestra región,  y a criterios de legitimidad avalados por una propuesta que recoja la participación ciudadana y que involucre la cohesión o directa convivencia entre los elementos tangibles e intangibles que ello involucre, y me refiero a que los temas de infraestructura, luminosidad, emplazamiento, módulos, talleres, etc., estén en perfecta armonía con los elementos de resocialización, de trabajo, de inclusión y responsabilidad social, de educación e incluso de los castigos intrapenitenciarios que puedan aplicarse en algún momento. Es decir que todo tenga  sentido y objetivo, castigar por un lado y por el otro hacer todos los esfuerzos posibles para tratar la  reinserción laboral, social y familiarmente de una persona condenada y privada de su  libertad,  porque esa persona, en algún momento,  deberá recobrar su libertad.

Nuestro sistema carcelario está colapsado, y nuestra región no escapa a ello.

Tristemente ostentamos el tercer lugar  a nivel país en el número de personas privadas de libertad y estamos con un nivel de 428 presos por cada 100.000 habitantes, siendo la región  de Arica y  Tarapacá las que ocupan el 1º y 2º lugar respectivamente. Contamos con un recinto carcelario, el de Copiapó, con un nivel de hacinamiento mayor dentro de la estadística nacional, teniendo en la actualidad  872 internos para una capacidad inicial de alrededor de 170 personas, y sin olvidar el dato concreto de que las tasas de crecimiento en esta materia, se han mantenido alrededor del 19 % desde el año 2008 a la fecha (tremendamente altas).  La solución entonces, insisto, no pasa sólo por construir una cárcel con mayor capacidad,  sino que además debemos hacer un esfuerzo común para tratar de avanzar  en este tema con seriedad y responsabilidad, disponiendo que nuestras medidas preventivas  tengan la misma importancia que las represivas y de esta manera abrirnos a la discusión de temas que nos ayudarán  a ello, por ejemplo la creación de un juez de ejecución, la revisión de nuestro Código Penal (proporcionalidad de las penas, despenalización de ciertas figuras, etc.), la codificación de un derecho penitenciario, la no politización del sistema penal, la revisión y mejoramiento de los estándares para la privación de libertad, controles externos a la labor de los Fiscales del Ministerio Público y su eventual responsabilidad en el actuar de las policías, la propia actuación de las policías en cuanto a  su control jurisdiccional y administrativo, entre otras, amén de la adopción de una política pública clara sobre prevención real de delitos que necesariamente debe involucrar temas educacionales, sociales y laborales, pero que obviamente son a largo plazo y que de ser tomadas debieran tener sus efectos dentro de unos diez a quince años en adelante, si es que no me quedo corto.

En fin el asunto es muy complejo y necesita soluciones integrales teniendo claro que tal como lo es un hospital, una carretera, y una plaza; la prevención, el sistema penal y la cárcel, con todo lo que ello significa, son temas que nos deben importar a todos como sociedad, porque no son lejanos y no sólo afectarán a otros, por el contrario convivimos diariamente con ellos. Por ejemplo existe una variada gama de situaciones  sancionadas penalmente, a las que cualquiera de nosotros o nuestros hijos o nuestros parientes o amigos pueden verse expuestos (si es que no lo han sido ya)  o que simplemente no han sido denunciados o “pillados” y no creo que muchos de ellos requieran estar privados de libertad en una cárcel para que sean castigados y resocializados (como si esto fuese un acto mágico), pues lo lamentable es que no disponemos casi de ninguna otra medida para sancionar este tipo de conductas, sólo la vía represiva extrema como  es nuestra cárcel, y después nos olvidamos, sin siquiera importarnos lo que pasa dentro de ellas, donde generalmente el instinto de supervivencia hace que las personas que ingresan pierdan gran parte, si no es el todo,  de su  humanidad.

Para pensar en esto  y tal como dice un comercial debemos necesariamente, nuestras autoridades y nosotros mismos, cambiar el switch,  para que la tragedia ocurrida  en la Cárcel de San Miguel tenga algún sentido concreto y perdurable en el tiempo.

Claudio Francisco Nehme Carpanetti Defensor Regional de Atacama Defensoría Penal Pública

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