Sala de Prensa

30/12/2010

No olvidemos el incendio de la cárcel de San Miguel

Columna del Defensor Regional Metropolitano Sur, Claudio Pavlic, publicada en La Nación.cl

El martes 7 de diciembre pasado fuimos anfitriones por cuarto año consecutivo en el auditorio de la Defensoría Penal Pública del Seminario “Reinserción Social y Seguridad Pública”, organizado por Gendarmería de Chile y la Defensoría. En esta oportunidad además de tratar los temas que su título sugiere, las máximas autoridades de ambas instituciones renovaron la firma del convenio de colaboración que tiene una antigüedad similar.

Nada hacía presagiar que los temas que nos vienen haciendo tratar desde un punto de vista académico y de estudios, la rehabilitación, la reinserción social, cumplimiento de penas, beneficios y modalidades de su cumplimiento, justicia intrapenitenciaria, defensa penitenciaria y muchos otros relacionados, adquirieran el tono de urgencia y relevancia que le dió la tragedia en la que nos vimos envueltos con la muerte de 81 internos en la cárcel de San Miguel.

Sin embargo, los motivos que desencadenaron indirectamente este fatal acontecimiento no es un tema nuevo. Hice mi práctica profesional en la Cárcel Pública de calle General Mackenna, durante seis meses el año 1984, luego trabajé en la Corporación de Asistencia Judicial en la Cárcel de San Miguel los años 1990 y 1991, soy testigo directo de las condiciones en las que ha vivido la gente privada de libertad en distintas épocas y esas condiciones no son compatibles con la posibilidad de rehabilitación y un posterior regreso al medio social con bajas probabilidad de volver a delinquir.

Existen iniciativas propuestas durante los últimos años que se deben reconocer, el tema se plantea en informes oficiales emitidos por los tribunales, Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, el tema ingresa a la agenda pública, se ha promovido la construcción de cárceles con sistemas de operación que reemplazan la cultura tradicional de la “carreta” y el colectivo de encierro en el que rige la ley del más fuerte y cuyas características no resiste análisis desde el punto de vista de prevención de riesgos, se han redactado proyectos de justicia intrapenitenciaria considerando la figura del juez de ejecución, se anuncian medidas para mejorar las condiciones de vida de los internos, pero estas acciones que se espera avancen hasta obtener sus logros, no son suficientes.

También se deben potenciar otras medidas: prestar atención a la gestión del otorgamiento de los beneficios intrapenitenciarios, sistema que está prácticamente fuera de uso, si se compara el número de internos que cumple con los requisitos, y los que finalmente después de un largo proceso administrativo obtienen la posibilidad de continuar el cumplimiento en libertad; se deben promover iniciativas que conduzcan a una verdadera rehabilitación y resocialización, como por ejemplo, estimular la contratación de personas que egresan de la cárcel, para que puedan aplicar lo que han aprendido en los talleres de los recintos penitenciarios, o en los Centros de Educación y Trabajo y adoptar medidas urgentes para terminar con el hacinamiento; por señalar algunas acciones imprescindibles e impostergables.     

Finalmente la comunidad debe superar y alejarse de la premisa casi invariable: “la única respuesta frente al delito, es la cárcel”, promoviendo el uso de otro tipo de penas, sensibilizando a las autoridades que participan en la toma de decisiones acerca de la exploración de alternativas resocializadoras, dentro de la sociedad, como aplicación de sanciones penales, con el objetivo de evitar que las personas vuelvan una y otra vez a cometer delitos.

El trabajo de la Defensoría en lo que le corresponde a la defensa de los derechos de los condenados, se debe ejercer con decisión, pero eso no impide continuar con actividades como el ciclo de seminarios indicado al inicio, ya que el trabajo conjunto en temas de interés común, puede ofrecer soluciones creativas que nos permitan superar esa valla que ahora nos parece infranqueable.

Ese trágico día miércoles 8 de diciembre, muchos de los que asistimos al seminario que recordaba al inicio, trabajamos en distintos roles propios de la crisis que se vivía en la cárcel de San Miguel, mientras nos hacíamos cargo de nuestras obligaciones, cruzábamos miradas en silencio con la esperanza de que la pérdida de esas 81 vidas no fuera sólo una tragedia más en las cárceles de Chile.

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